La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP determinar que el Bloque Occidental de las Farc cometió secuestros con fines de explotación laboral, lo que constituye un patrón independiente de macrocriminalidad, por cuanto instrumentalizaron a las personas, tratándolas como una propiedad, e imponiéndoles trabajos forzados.
“Esta finalidad se relaciona con conductas en donde se buscaba utilizar al secuestrado con un objetivo de extracción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, para la apertura de caminos, arreglo de vías, transporte, limpieza y preparación de alimentos, entre otros”, asegura el documento de observaciones.
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Entre los casos citados en el documento de observaciones se destacan seis hechos de esta naturaleza, cuyas víctimas fueron dos campesinos, dos estudiantes y el conductor de una volqueta. En el documento, entre otros, el Ministerio Público da cuenta del secuestro de una mujer en Policarpa, Nariño, que fue llevada a un campamento guerrillero en la selva para ser forzada a trabajar en labores de cocina, limpiando las botas de los guerrilleros y obligarla a sostener relaciones sexuales con ellos.
“Antes del Auto 019 de 2021 muchas víctimas de diferentes Bloques no eran conscientes de que los trabajos forzados a los que fueron sometidos y el ejercicio de los derechos de dominio que los antiguos miembros de las Farc ejercieron sobre ellos era una forma especial de victimización: esclavitud”, indicó el delegado Acosta Aristizábal, quien también señaló que solo hasta que el Ministerio Público y el despacho de la magistratura dieron visibilidad a esta forma de victimización, fue cuando las víctimas empezaron a denunciar los hechos.
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Para el Ministerio Público, el reconocimiento de este patrón por la Sala constituye también una garantía del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, pues negarlo implica invisibilizar una de las formas de victimización utilizadas por el Bloque en el marco de la política de secuestros, máxime cuando la reparación tendrá que caracterizarse a tono con el daño.
En un análisis general sobre las diferentes modalidades de secuestro utilizadas por el Bloque Occidental de las Farc, el documento asegura que entre 1993 y 2016 habrían secuestrado al menos 963 personas, 107 de ellas civiles entre campesinos, comerciantes, adultos mayores y menores de edad, por los que cobraran en promedio $ 200 millones por su rescate y en muchas ocasiones tras recibir el pago estos secuestrados nunca regresaron a sus hogares.
