La mañana del lunes 24 de junio comenzó con una diligencia judicial que ha captado la atención del país. A las 8:30 a.m., la Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial, liderada por el Fiscal 2203 de Conocimiento Especializado, teniente coronel Jhon Eduardo Niño, dio inicio a una inspección en la Casa de Nariño. Esta acción se enmarca en la investigación sobre el uso del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, el 30 de enero de 2023.
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La inspección se centra en el caso del coronel Carlos Feria, junto a otros funcionarios policiales, quienes son acusados de someter a Meza a una prueba de polígrafo bajo circunstancias cuestionables. Marelbys Meza, que en ese momento trabajaba como niñera para la familia de Laura Sarabia, denunció que fue llevada sin orden judicial a una dependencia presidencial, donde fue interrogada y sometida a la prueba del polígrafo. Este procedimiento se dio tras una acusación de hurto en la residencia de Sarabia.
El operativo cuenta con la participación de 20 peritos de la Policía Judicial y más de 15 agentes de la Dijín. El edificio Galán, adyacente a la Casa de Nariño y lugar donde se llevó a cabo la prueba de polígrafo, es uno de los principales puntos de interés. Además, las zonas con cámaras de control y las oficinas de seguridad del presidente Gustavo Petro son objeto de la inspección. La diligencia se realiza con el apoyo de un dron de alta tecnología, que graba y transmite en tiempo real, proporcionando una reconstrucción de los hechos, que se habrían dado en el edificio Galán, contiguo a la Casa de Nariño; cuarto de control de cámaras de seguridad y la oficina del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad.
Conflicto de competencias
Este caso ha generado un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar y policial. Mientras la Fiscalía General de la Nación ha formalizado acusaciones contra Carlos Feria por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, la justicia penal militar reclama la competencia para juzgar estos hechos. La Corte Constitucional será la encargada de decidir cuál jurisdicción llevará adelante el juicio.
La Fiscalía de la Justicia Penal Militar y Policial busca recaudar pruebas materiales y evidencia física para esclarecer los hechos.
La denuncia de Marelbys Meza incluye también la acusación de que su teléfono fue interceptado ilegalmente por la Policía, bajo el pretexto de una operación contra el Clan del Golfo. Esta inspección es un paso más en el camino hacia las audiencias preparatorias que comenzarán en septiembre, donde se determinarán las pruebas que se presentarán en el juicio.