El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, nuevamente expresó su preocupación sobre algunos de los temas planteados en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que debate el Congreso de la República, sobre todo, porque tienen un impacto directo en poblaciones vulnerables y son estas las que deberían ser las más beneficiadas.
“La mejor forma de proteger los derechos de los ciudadanos es la correcta y eficiente asignación de los recursos públicos, por tal motivo, es conveniente revisar con cuidado lo concerniente a una nueva modalidad de contratación pública, que consiste en alianzas público-populares. Si bien pretenden mayor participación de las comunidades en el desarrollo de los proyectos, no garantizan la idoneidad de quienes realizan las obras; esto pone en riesgo la ejecución de los proyectos, y puede atentar contra los principios de transparencia y competencia de la contratación pública, además no garantiza que existan menores costos para el Estado”, aseguró Carlos Camargo Assis.
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Para el Defensor del Pueblo, se deben tener en cuenta las modificaciones que quieren hacer con la contratación directa en el territorio: “De manera especial, porque esto generaría riesgos de corrupción y manejo político de los recursos estatales, además de crear fondos y patrimonios autónomos que dan el manejo de los recursos públicos sin cumplimiento de las leyes de contratación (Ley 80)”, recalcó.
Carlos Camargo Assis agregó que “es importante la aprobación del texto del PND poniendo por encima a los colombianos y su bolsillo, toda vez que es necesario mirar la formalización de empleo, la transición y el derecho al trabajo de los ciudadanos que ofrecen su mano de obra en el sector público”.
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“Frente a una situación de inflación y dificultades económicas como la que atraviesan miles de familias en Colombia es fundamental revisar la impacto de medidas del Plan en sectores como el energético, en el que se eliminaría el subsidio para el estrato 3 y se reduciría para los estratos 1 y 2. Adicionalmente, si se elimina el subsidio a la gasolina se vería reflejado en el costo de vida y el acceso a los bienes y servicios de los ciudadanos, en consecuencia, el Plan terminaría agudizando las dificultades económicas y restringiendo los derechos de las personas más vulnerables” afirmó Carlos Camargo Assis.
Así mismo, hizo un llamado para que se implementen medidas afirmativas que incentiven el desarrollo de actividades que aportan recursos al progreso de las comunidades: “Esto generaría riqueza y bienestar. En infraestructura y transporte, específicamente, el impulso a los proyectos viales y férreos, y la consolidación de los subsidios en un sistema unificado de transferencia”. Para la Defensoría del Pueblo otro tema de gran calado es el relacionado con las víctimas. El proyecto no incluyó varias de las demandas presentadas por ellas en diferentes espacios, como la Mesa Nacional de Participación Efectiva para las Víctimas del Conflicto Armado.
Vea aquí el debate y votación al Plan Nacional Desarrollo en la Cámara de Representantes:
