La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre siete bienes inmuebles que pertenecerían a reconocidos actores políticos y un contratista involucrados en un contrato estatal cuestionado por corrupción.
Tres de los inmuebles estarían a nombre del actual senador de la República, Édgar de Jesús Díaz Contreras; uno más al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado; y los otros tres serían propiedad del contratista Pedro Antonio Silva Ruíz.
De acuerdo con los elementos probatorios recopilados por el ente acusador, estos bienes habrían sido adquiridos en el marco de presuntas irregularidades registradas en la contratación, ejecución y liquidación de un contrato suscrito en 2009 para el suministro de materiales pétreos, proceso que se extendió hasta 2012 y que habría generado un posible detrimento patrimonial superior a los 3.700 millones de pesos.
La investigación revela que los hechos comenzaron en el año 2009, cuando William Villamizar asumía su primer mandato como gobernador de Norte de Santander. Posteriormente, en 2012, Édgar Díaz ocupaba ese mismo cargo, en un periodo en el que también se habrían presentado anomalías contractuales.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio encontró mérito legal para aplicar medidas sobre los bienes al considerar que fueron obtenidos como producto directo o indirecto de actividades ilícitas.
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Las diligencias de ocupación fueron ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en Bogotá, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander). El valor total de los siete bienes ocupados asciende a 3.390 millones de pesos.
Con esta actuación judicial, la Fiscalía avanza en su lucha contra la corrupción administrativa y busca recuperar recursos públicos comprometidos en actos ilícitos.
