Después de analizar abundantes elementos materiales probatorios, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, encontró mérito suficiente para radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación contra los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.
Los delitos que serán imputados son: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares.
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La decisión afecta a 9 funcionarios de la ANI para la época de los hechos. Se trata de: Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, como vicepresidente ejecutivo, y los miembros del Comité Asesor de Asuntos Contractuales: Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III (supervisora); y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol, empresa que ejercía la interventoría el Contrato de Concesión No. 007 del 2010.
A los ocho mencionados anteriormente se suma Luis Fernando Andrade Moreno quien se desempañaba como presidente, ya cuenta con una investigación en etapa de juicio y ahora recibirá una nueva imputación.
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Es importante señalar que con estas imputaciones la Fiscalía cierra el capítulo de las judicializaciones en el caso de la Ruta del Sol III. Lo anterior teniendo en cuenta que ya se han adelantado investigaciones contundentes por esos mismos hechos y han comparecido ante la justicia empresarios que prestaron sus compañías como vehículos financieros para cometer ilícitos.
