La caída de la Ley de Financiamiento obligará al Ejecutivo a recortar gasto, replantear inversiones y analizar incluso un eventual estado de emergencia económica para cubrir el faltante fiscal.
El Gobierno Nacional enfrenta uno de los mayores retos fiscales de los últimos años luego del hundimiento definitivo de la reforma tributaria o Ley de Financiamiento en la Comisión Cuarta del Senado. La negativa del Congreso dejó sin respaldo cerca de $16,3 billones que el Ejecutivo había proyectado para completar la financiación del Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $546,9 billones. Ante este panorama, el Ministerio de Hacienda anunció que se estudian “todas las medidas necesarias” para garantizar el cumplimiento de los compromisos del Estado, mientras expertos advierten sobre la necesidad de recortes, austeridad y reordenamiento del gasto público.
Un nuevo revés fiscal para el Gobierno
Con nueve votos en contra y cuatro a favor, la Comisión Cuarta del Senado archivó el proyecto de reforma tributaria impulsado por el Ejecutivo, en lo que representa la segunda Ley de Financiamiento negada al actual Gobierno. El proyecto tenía como objetivo recaudar recursos adicionales para cubrir programas sociales, inversión pública y obligaciones estatales previstas para 2026.
El presidente Gustavo Petro calificó la decisión como “predecible”, pero advirtió que generará “consecuencias imprevisibles” en la economía. En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que “nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante”. También señaló que los ajustes podrían recaer sobre sectores claves de la inversión pública, particularmente en infraestructura.
Días antes del hundimiento, el propio jefe de Estado había anticipado que, de caerse la tributaria, los recortes afectarían especialmente las vías de cuarta generación (4G), lo que, según él, tendría un impacto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo.
Las alternativas que analiza el Ministerio de Hacienda
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo evalúa todas las opciones para cerrar el déficit fiscal dejado por el archivo de la reforma.
“Vamos a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descartar ninguna alternativa para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales y los compromisos sociales del Gobierno”, aseguró el jefe de la cartera económica.
Entre las vías que estudia el Gobierno se encuentran:
- Recorte directo del gasto público, especialmente en inversión y funcionamiento.
- Reorientación de partidas presupuestales dentro del Presupuesto 2026.
- Mayor endeudamiento interno y externo, con impacto sobre la deuda pública.
- Decreto de Estado de Emergencia Económica, una posibilidad que ya genera amplio debate político y jurídico.
No obstante, varios centros de pensamiento económico consideran que el faltante del presupuesto representa menos del 3% del total, por lo que no se configuraría, en estricto sentido, una crisis fiscal que justifique el uso de poderes extraordinarios.
Expertos piden austeridad y control del gasto
Desde el sector privado y la academia han surgido llamados a un manejo más austero de las finanzas públicas. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, sostuvo que el archivo de la tributaria abre un espacio para una revisión estructural del gasto estatal.
“La decisión del Congreso abre una oportunidad para reorientar la discusión hacia una estrategia fiscal que priorice la eficiencia del gasto, la estabilidad económica y la protección de la inversión productiva”, afirmó la dirigente gremial.
Diversos analistas coinciden en que el mayor ajuste deberá realizarse en el gasto de funcionamiento, que ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años, lo que limita el margen para inversión y desarrollo productivo.
Resistencia en el Congreso a una emergencia económica
La posibilidad de que el Gobierno decrete un estado de emergencia económica para expedir medidas tributarias vía decreto ha generado fuertes reacciones en el Legislativo. La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano advirtió que una derrota política en el Congreso no habilita constitucionalmente este mecanismo.
“El archivo de un proyecto del Gobierno no constituye un hecho sobreviniente ni extraordinario que justifique una emergencia económica. La falta de mayorías es parte del funcionamiento normal de la democracia”, sostuvo la congresista.
Varios sectores de oposición ya anunciaron que, de expedirse este decreto, presentarán demandas inmediatas ante la Corte Constitucional, al considerar que se vulneraría la separación de poderes consagrada en la Constitución.
Un presupuesto nuevamente atado a una reforma fallida
Este es el segundo año consecutivo en el que el Gobierno radica un presupuesto condicionado a la aprobación de una reforma tributaria que finalmente es negada por el Congreso. En 2025 ocurrió una situación similar, que obligó al Ministerio de Hacienda a realizar recortes de última hora en programas e inversiones.
El escenario legislativo tampoco ha sido favorable al Ejecutivo en otras iniciativas centrales: la reforma a la salud continúa estancada, la Jurisdicción Agraria no ha avanzado y el proyecto para salvar el Ministerio de la Igualdad sigue sin resolverse en el Congreso.
Aunque las comisiones económicas de la Cámara respaldaron la tributaria e incluso rompieron quórum en varias oportunidades para evitar su hundimiento, el Senado se mantuvo firme en su rechazo, argumentando riesgos para las clases medias y los sectores productivos.
La senadora del Pacto Histórico, Aída Avella, fue una de las voces más críticas tras el hundimiento de la reforma tributaria y cuestionó con dureza a los congresistas que votaron en contra del proyecto. La congresista sostuvo que detrás de la negativa hubo intereses políticos y económicos que impidieron la llegada de recursos frescos al Estado. “Quienes archivaron la reforma son los mismos que menos asistieron a las comisiones económicas y muchos no conocían la última versión del proyecto”, afirmó, al tiempo que aseguró que la decisión afecta directamente la sostenibilidad de los programas sociales del Gobierno.
Avella insistió en que el objetivo central de la reforma era corregir inequidades en el sistema tributario colombiano. Según explicó, el proyecto buscaba que “los que tienen más aporten más y los que tienen menos aporten menos”, en concordancia con los principios de equidad, progresividad y eficiencia establecidos en el artículo 363 de la Constitución Política. En ese sentido, sostuvo que el hundimiento de la iniciativa perpetúa un modelo en el que, en la práctica, pequeños y grandes contribuyentes terminan asumiendo cargas similares.
La senadora también puso el foco sobre el sector financiero, al que señalaba como uno de los principales llamados a realizar un mayor aporte tributario. Recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, este sector registró utilidades superiores a los $100 billones en los primeros meses del año, y cuestionó que el Congreso haya rechazado un proyecto que pretendía ajustar su contribución fiscal. Para Avella, esta decisión refleja una protección a los grandes capitales en detrimento de las necesidades fiscales del Estado.
Desde la perspectiva de los sectores productivos, el archivo de la reforma genera impactos diferenciados. Mientras parte del empresariado celebró que no se aumentara la carga impositiva en un contexto de desaceleración económica, otros sectores advirtieron que la falta de recursos pone en riesgo la financiación de infraestructura, programas de empleo y estímulos a la reactivación. En particular, las pequeñas y medianas empresas manifestaron preocupación por los recortes que podrían afectar políticas de apoyo al emprendimiento y al empleo formal.
Posibilidad de acudir a un estado de emergencia económica
En medio de este escenario, volvió a cobrar fuerza el debate sobre la posibilidad de acudir a un estado de emergencia económica. Desde el Gobierno no se ha descartado esta herramienta constitucional, aunque su aplicación enfrenta fuertes resistencias políticas y jurídicas. Varios juristas han señalado que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en exigir que este mecanismo solo proceda ante hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles, condiciones que difícilmente se cumplirían en un escenario derivado de una derrota legislativa.
Desde el Congreso, sectores de oposición y algunas bancadas independientes consideran que una declaratoria de emergencia para reemplazar la reforma tributaria vulneraría el equilibrio de poderes. Sin embargo, desde el oficialismo se argumenta que el faltante presupuestal compromete la financiación de programas sociales clave y que el Ejecutivo debe contar con herramientas extraordinarias para garantizar la continuidad del gasto público. Por ahora, el Gobierno continúa evaluando el alcance jurídico y económico de esta alternativa, mientras persiste la incertidumbre sobre cómo se cubrirá el déficit fiscal del Presupuesto 2026.
Impacto económico y sectores afectados
Con el archivo de la reforma, el Gobierno dejó de contar con recursos que estaban destinados a:
- Programas sociales prioritarios.
- Inversión en infraestructura.
- Apoyo al empleo formal.
- Financiación de obligaciones del Estado.
Además, varios beneficios incluidos en la propuesta, como alivios tributarios para deudores de la DIAN y la UGPP, quedaron sin efecto. Más de 100.000 contribuyentes que adeudan cerca de $22 billones habrían podido normalizar su situación fiscal con descuentos en intereses y sanciones.
Desde el sector empresarial también hay preocupación por el aumento de la incertidumbre fiscal y el eventual impacto sobre la calificación crediticia del país si se recurre de manera excesiva al endeudamiento.
Con la caída de la reforma tributaria, el Gobierno del presidente Gustavo Petro queda nuevamente ante el desafío de garantizar la sostenibilidad del Presupuesto 2026 sin una fuente adicional de ingresos. Mientras se analizan recortes, ajustes y eventuales medidas extraordinarias, el debate económico se traslada ahora al terreno de la austeridad, el control del gasto público y la viabilidad política de un eventual estado de emergencia económica. La discusión de fondo vuelve a instalarse sobre la mesa: cómo financiar el funcionamiento del Estado sin seguir aumentando la presión tributaria ni profundizar el endeudamiento.