Mientras continúan las labores de rescate en las regiones devastadas por el terremoto de magnitud 7,4, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que dará un nuevo paso jurídico para enfrentar la emergencia. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que la administración nacional declarará la emergencia económica y social, una herramienta constitucional que permitirá expedir decretos con fuerza de ley para atender la crisis humanitaria y financiar la reconstrucción del suroccidente colombiano.
La decisión se conoce en momentos en que el país enfrenta una de las mayores tragedias naturales de los últimos años. Según los balances oficiales más recientes, el terremoto ocurrido el 10 de agosto deja 181 fallecidos en ciudades capitales, 2.595 personas heridas y 195 desaparecidas, además de centenares de estructuras colapsadas y graves daños en infraestructura pública.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante la sesión de las comisiones económicas del Congreso en la que se discute el futuro del presupuesto nacional.
«Activamos bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue el día de hoy, un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia«, afirmó Gómez.
El funcionario agregó que los recursos podrían estar disponibles en cuestión de días.
«Tendremos esos recursos que pueden estar, si sale la emergencia el día de hoy, disponibles antes de que termine esta semana», señaló.
Colombia ya está bajo emergencia por desastre natural
La nueva declaratoria se sumará a la situación de desastre nacional que ya fue decretada por el presidente Abelardo De La Espriella tras el terremoto.
Aunque ambas medidas buscan responder a la misma tragedia, tienen alcances jurídicos diferentes.
La declaratoria de desastre nacional hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y permite movilizar recursos de emergencia, coordinar entidades de socorro, activar protocolos especiales de atención y agilizar la contratación para responder a la contingencia.
Sin embargo, esta figura tiene límites administrativos y presupuestales.
La emergencia económica y social, en cambio, es un estado de excepción previsto en la Constitución Política que otorga facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a superar la crisis.
En términos prácticos, mientras la primera permite coordinar la atención de la emergencia, la segunda habilita herramientas extraordinarias para conseguir recursos, modificar temporalmente normas y acelerar decisiones que normalmente requerirían trámite legislativo.
¿Qué puede hacer el Gobierno bajo una emergencia económica y social?
Una vez firmada la declaratoria, el Ejecutivo podrá adoptar medidas excepcionales para enfrentar los efectos del terremoto.
Entre las principales facultades se encuentran:
- Expedir decretos con fuerza de ley.
- Crear mecanismos extraordinarios de financiación.
- Reorientar recursos presupuestales.
- Autorizar traslados presupuestales urgentes.
- Diseñar beneficios tributarios para las zonas afectadas.
- Crear contribuciones o tributos temporales para atender la emergencia.
- Establecer incentivos para la reconstrucción.
- Facilitar procesos de contratación y ejecución de obras prioritarias.
- Implementar medidas para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
Todas estas decisiones deberán estar directamente relacionadas con la crisis provocada por el terremoto.
Crédito internacional por 450 millones de dólares
Uno de los primeros anuncios realizados por el Ministerio de Hacienda está relacionado con la activación de una línea de crédito internacional.
Según explicó Miguel Gómez, el Gobierno busca disponer de un préstamo de hasta 450 millones de dólares del Banco Mundial, recursos que se destinarían a la atención inmediata de la emergencia y a las primeras fases de recuperación.
La financiación llega en momentos en que las autoridades comienzan a dimensionar el costo económico del desastre.
Los reportes oficiales indican afectaciones en:
- 807 centros educativos.
- 85 centros de salud.
- 74 corredores viales.
- 377 centros comunitarios.
- 16 sistemas de acueducto.
- Un aeropuerto con daños en su pista.
A ello se suman miles de viviendas afectadas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y otras regiones impactadas por el movimiento telúrico.
Prioridad absoluta al Fondo Nacional de Riesgo
Durante su intervención, el ministro Gómez también anunció que el Gobierno pondrá a disposición todos los recursos disponibles para atender la tragedia.
«Ponemos a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Riesgo y Desastre», manifestó el jefe de la cartera de Hacienda.
Asimismo, indicó que se priorizarán recursos del presupuesto nacional para fortalecer las operaciones de atención humanitaria.
«Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastre», añadió.
La ejecución de estos fondos quedará principalmente en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la respuesta institucional frente a la emergencia.
El procedimiento constitucional
La emergencia económica y social está contemplada en la Constitución como una herramienta excepcional para situaciones que alteren gravemente el orden económico, social o ecológico del país.
El procedimiento contempla:
- Declaratoria mediante decreto presidencial firmado por todos los ministros.
- Justificación de los hechos extraordinarios que hacen insuficientes los mecanismos ordinarios.
- Expedición de decretos legislativos para enfrentar la crisis.
- Control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.
- Revisión posterior de las medidas adoptadas para verificar su relación directa con la emergencia.
Aunque el Gobierno puede adoptar decisiones extraordinarias, estas no son ilimitadas. Todas las medidas deberán superar el examen de legalidad y constitucionalidad correspondiente.
Sectores políticos respaldan la medida
La posibilidad de declarar la emergencia económica y social había sido planteada durante las últimas horas por distintos sectores políticos, académicos y económicos que consideran que la magnitud del terremoto exige herramientas excepcionales.
La destrucción registrada en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Armenia y Manizales, así como en municipios cercanos al epicentro como El Cairo y San José del Palmar, ha llevado a distintos analistas a advertir que la reconstrucción demandará recursos multimillonarios y decisiones administrativas rápidas.
Mientras avanza la declaratoria, el Gobierno mantiene desplegados equipos de rescate nacionales e internacionales en las zonas afectadas. La prioridad inmediata continúa siendo la búsqueda de sobrevivientes, la atención a las familias damnificadas y la recuperación de servicios básicos en los territorios golpeados por una emergencia que ya es considerada una de las más graves de la historia reciente de Colombia.