El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco se manifestó respecto a la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
‘Respetamos la decisión de la Corte y nos adecuamos’ a las directrices del alto tribunal.‘: mininterior Luis Fernando Velasco
Durante un año el Gobierno debe implementar los instrumentos y proyectos para el beneficio de la población de La Guajira.
Esto luego que la Sala Plena de la Corte Constitucional ha declarado como inexequible el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
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Sin embargo, esta decisión no tendrá efecto inmediato, ya que se ha decidido diferir los efectos de la misma durante un período de un año, contado a partir de la expedición del mencionado el Decreto continuará vigente hasta el 2 de julio de 2024.
La Corte solicitó al Gobierno y al Congreso que adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria para que «se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas.
Impacto de la Decisión de la Corte Constitucional sobre la Emergencia Económica en La Guajira
La reciente declaración de inexequibilidad del Decreto que declaraba la emergencia económica en La Guajira por parte de la Corte Constitucional ha tenido un impacto en varias medidas que buscaban abordar la crisis humanitaria en el departamento. A raíz de esta decisión, diversas iniciativas han quedado en suspenso, mientras que otras continúan vigentes.
Entre las medidas que se ven afectadas por esta determinación se encuentra la creación de un aporte económico en la factura de la luz. Este aporte de $1.000, era obligatorio para los estratos 4, 5 y 6, así como para usuarios comerciales e industriales, tenía como objetivo recaudar fondos para la electrificación de áreas rurales no interconectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en La Guajira.
Otra medida suspendida es la implementación de un nuevo modelo de salud en el departamento. Este modelo contemplaba giros directos para la atención primaria en salud a cargo de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Además, se buscaba establecer un «modelo de salud propio e intercultural» en La Guajira, con la participación de diversas autoridades y comunidades, incluyendo los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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También en la lista de medidas suspendidas se encuentra la creación de una «transferencia no condicionada» destinada a atender a familias con niños en estado de desnutrición o en riesgo de estarlo.
En el ámbito del turismo, la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para establecimientos inscritos en el Registro Nacional de Turismo también queda en suspenso. Esta medida exoneraba temporalmente a estos establecimientos del pago de IVA hasta el 31 de diciembre de 2030.
A pesar de estas suspensiones, algunas medidas continúan vigentes, como la creación del Instituto del Agua, una entidad encargada de mejorar la calidad y cobertura de los servicios de agua en La Guajira. El Gobierno emitió un decreto que establece sus funciones y crea una nómina de 76 personas para esta entidad, que también contará con representantes de comunidades indígenas, negras, raizales, afrodescendientes, rom y palenqueras en su consejo directivo.
