La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, el Vicecontralor General en funciones de Contralor, Carlos Mario Zuluaga y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, han anunciado una investigación conjunta sobre presuntos desvíos de recursos de la salud por parte de 18 EPS, que podrían ascender a una millonaria cifra de 9 billones de pesos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación UPC, entre los años 2020 y 2021.
Esta indagación preliminar surge en un contexto de creciente preocupación en el sector salud, especialmente tras las intervenciones recientes a Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud y la solicitud de liquidación de la EPS Compensar. Los entes de control han puesto su atención en estos casos para esclarecer posibles malversaciones y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados al sistema de salud.
La decisión de abrir esta investigación se tomó después de una reunión convocada por el Vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, donde se evaluaron diversos aspectos del sector salud en medio de las intervenciones y tensiones presentes en el sistema.
La Contraloría ha realizado un completo estudio evidenciando alrededor de 400 hallazgos relacionados con las UPC.
“La Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de las EPS que han tenido malos manejos en relación a los recursos de la salud. Sin embargo, es cierto que se debe trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría para trasladar los hallazgos tanto disciplinarios como penales, producto de las auditorías realizadas”, afirmó Carlos Mario Zuluaga, Contralor, que además se adelantan mesas técnicas con diferentes entidades para discutir acciones conjuntas dentro de su misión de vigilar el uso de los recursos de salud.
El equipo especial conformado por la Fiscalía estará integrado por fiscales, expertos y peritos de las Delegadas de Finanzas Criminales, Criminalidad Organizada y Seguridad Territorial. Este equipo se enfocará en analizar detenidamente la destinación de los recursos de la UPC por parte de las EPS señaladas, buscando identificar y esclarecer cualquier irregularidad en el manejo de estos fondos.
La articulación entre la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría será fundamental para seguir las rutas del dinero y determinar cómo fueron utilizados estos recursos. Esta investigación conjunta refleja el compromiso de las autoridades en combatir la corrupción y asegurar el buen uso de los fondos destinados a la salud pública en Colombia.
El seguimiento a estos casos será crucial en los próximos meses, ya que se busca garantizar la integridad del sistema de salud y la protección de los recursos.
