En audiencia en Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde aseguró que el hijo del presidente actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos y pidió medida de aseguramiento intramural.
Barranquilla | 2 de diciembre de 2025. En una extensa y tensa audiencia transmitida en vivo, la Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, investigado por presunta corrupción en la contratación pública del departamento.
Durante su intervención, la fiscal Lucy Laborde expuso los argumentos por los cuales considera necesaria la imposición de detención preventiva intramural, señalando que el imputado habría actuado con conocimiento y determinación para direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos entre 2021 y 2022.
Los delitos y el caso Fucoso
El exdiputado fue imputado por los delitos de:
- Interés indebido en la celebración de contratos,
- Falsedad en documento público,
- Tráfico de influencias,
- Peculado por apropiación.
La acusación está relacionada con dos convenios adjudicados por la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social (Fucoso), durante la administración de Elsa Noguera, cuya finalidad era atender población de la tercera edad en el departamento.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro habría operado para favorecer a Fucoso con el objetivo de recibir dinero destinado a cubrir gastos personales y compromisos privados. Además, parte de esos recursos —111 millones de pesos— habrían sido apropiados de manera irregular.
El rol central de Day Vásquez y la cadena de influencias
Uno de los puntos clave expuestos en la audiencia fue la participación de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien entregó a la Fiscalía audios, documentos y conversaciones durante la gestión del fiscal Mario Burgos.
La fiscal Laborde afirmó que Vásquez fue “instrumentalizada” por Petro Burgos:
“Si bien Daysuris es quien efectúa el contacto material, lo hace por instrucciones de Nicolás Petro. Y lo hace aprovechando su influencia social y política en el contexto Caribe y nacional”, señaló la fiscal.
Laborde agregó que el secretario general de la Gobernación del Atlántico habría determinado la elección de Fucoso “por solicitud expresa de Nicolás Petro”, quien delegó en Vásquez la comunicación con el representante legal de la fundación, Gustavo de la Ossa, el exsecretario Raúl Lacouture y Pedro Name.
Los audios revelados durante la audiencia
En medio de la diligencia, la Fiscalía reprodujo un audio clave aportado por Vásquez. En la grabación, la exesposa habla con el representante legal de Fucoso:
“Gustavo, ¿cómo estás? Me dijo Pedro que ya había quedado todo organizado, y Raúl me llamó ahorita. Él mañana va a mandar para que revisen todo para firmar… Te paso la hoja de vida de la psicóloga que te recomendó Pedro. Es ella, para que la llames”.
Para la fiscal, este audio demuestra la coordinación directa entre Vásquez y los funcionarios de la Gobernación, bajo instrucciones de Petro.
“El señor Nicolás Petro era la cabeza del entramado, conocía la ilicitud de sus acciones y determinó cada paso de la operación”, concluyó Laborde.
Argumentos para pedir cárcel
Laborde sustentó su solicitud de medida intramural en tres puntos principales:
- Gravedad y reiteración de la conducta:
Según la fiscal, la operación irregular se extendió durante varios meses y tuvo una planeación precisa. - Riesgo de obstrucción a la justicia:
Afirmó que el imputado mantiene influencia política y social que podría afectar la recolección de pruebas o la comparecencia de testigos. - Apropiación de recursos públicos:
La Fiscalía sostiene que el exdiputado habría recibido parte del dinero entregado a la fundación en diciembre de 2021.
“Solicito a su señoría que se imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión intramural, conforme al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal”, enfatizó Laborde.
La defensa: argumentos por responder
El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, cuestionó la solidez de las pruebas, anticipó que la defensa controvertirá la legalidad de los audios entregados por Vásquez e insistió en que su cliente no tuvo capacidad contractual dentro de la Gobernación.
La defensa también ha señalado en audiencias anteriores que Vásquez habría actuado sin autorización del exdiputado y que la Fiscalía depende “excesivamente” de su testimonio.
El juez programó para la tarde de este martes la continuación de los alegatos, donde la defensa expondrá sus argumentos finales contra la solicitud de cárcel.
Contexto: un segundo proceso próximo a juicio oral
Mientras este caso avanza en Barranquilla, Nicolás Petro enfrenta un segundo proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con hechos ocurridos durante la campaña presidencial de 2022.
Ese expediente se encuentra en etapa de preparación para juicio, luego de que un juez definiera cuáles pruebas pasarán a ser debatidas en juicio oral.
El juez de control de garantías deberá resolver en las próximas horas si acoge o no la solicitud de la Fiscalía. De ser aceptada, Nicolás Petro sería enviado a un centro carcelario mientras avanza la investigación formal.