La Fiscalía General de la Nación presentó un recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El caso está relacionado con la supuesta participación de Uribe en la conformación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles y el homicidio de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera asesinado en Yarumal en 1994.
El fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Néstor Orlando Millán Gámez, sustentó la apelación en un documento de más de 220 páginas, en el que cuestionó la valoración de las pruebas realizada por el juez de primera instancia. Según el ente acusador, el fallo ignoró testimonios y evidencias clave que vincularían a Uribe Vélez con la creación y operación del grupo paramilitar en el norte de Antioquia durante la década de los 90.
Argumentos de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe, fue un punto de reunión del grupo armado y que el acusado habría jugado un rol determinante en su liderazgo. Entre las pruebas destacan los testimonios de José Leonel Restrepo, quien aseguró que sicarios vinculados a Los 12 Apóstoles frecuentaban la finca y recibían apoyo logístico. La apelación también resalta inconsistencias en la interpretación de las pruebas por parte del juez Jaime Herrera Niño, quien absolvió al ganadero el pasado 13 de noviembre.
“El fallo absolutorio no valoró de manera adecuada los testimonios ni las pruebas documentales que evidencian la existencia de un patrón sistemático de crímenes perpetrados por el grupo paramilitar, del cual el señor Uribe Vélez tenía conocimiento y control”, argumenta el documento de apelación.
La decisión de apelar ha reavivado el debate sobre la actuación del sistema judicial en casos relacionados con el paramilitarismo. El caso podría ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, la defensa de Santiago Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, ha insistido en que las acusaciones carecen de fundamento y calificó el recurso como un acto de “persecución judicial”. Según Granados, el crimen de Camilo Barrientos fue producto de rencillas personales ajenas a su cliente, atribuyendo responsabilidad a otros individuos como el mayor (r) Juan Carlos Meneses.
Vea aquí el análisis de la decisión de absolver a Santiago Uribe, por caso de los 12 apostoles:
Investigación disciplinaria contra el juez del caso
La controversia también alcanzó al juez Herrera Niño, quien enfrenta una investigación disciplinaria por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se indaga la presunta omisión de bienes en su declaración de renta.
El Tribunal Superior de Antioquia será el encargado de resolver la apelación presentada por la Fiscalía. De ser aceptada, la decisión podría tardar entre tres y seis meses. Este caso, que involucra a figuras prominentes de la política y el conflicto armado en Colombia.