Fin del cese con el «Clan del Golfo» es un ultimátum para los demás grupos armados

AGC-Clan del Golfo
AGC-Clan del Golfo

Defensor del Pueblo reclama de los grupos armados ilegales verdaderos gestos de paz y que no se burle el anhelo de paz que tienen los colombianos.

El levantamiento del cese debe venir acompañado de una mayor presencia del Estado actuando con contundencia y sin vacilaciones frente a las acciones violentas que los grupos armados ilegales están generando contra las comunidades en los territorios.

El Defensor del Pueblo, expreso que: «Los grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios. El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas”.

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El monitoreo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo, desde sus Sistema de Alertas Tempranas (SAT), muestra que las AGC-Clan del Golfo han venido cometiendo acciones que no son señales de respeto a un cese el fuego bilateral, en la subregión del Sur de Bolívar, donde las AGC-Clan del Golfo tienen presencia en gran parte del territorio, ejercen presiones sobre la población civil, particularmente contra líderes, lideresas, personas defensoras de DDHH, líderes comunales, funcionarios públicos, mineros, campesinos, población civil en general.

Allí cometen vulneraciones a los derechos humanos relacionadas con homicidios selectivos a través de ataques sicariales a personas relacionadas con la compra y venta de estupefacientes, contra miembros de la Fuerza Pública, cobro de extorsiones, restricciones a la movilidad, imposición y cobro de tributos ilegales, y utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades ilícitas, principalmente como vigilantes, informantes o los llamados «puntos» para el microtráfico.

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En regiones como el Bajo Cauca, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, particularmente, organizaciones como el ELN, las AGC-Clan del Golfo, las Facciones Disidentes de las FARC y grupos de crimen organizado, siguen siendo grandes generadores de riesgos de homicidios, torturas, retenciones, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, siendo la población civil la más afectada.

Por lo cual, los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil, pues se mantienen las acciones hostiles contra la población civil, particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, recalcó el Defensor del Pueblo

Ademas, el Estado tiene el deber de reprimir con la fuerza todas las acciones violentas que vulneren los derechos y libertades ciudadanas que afecten la convivencia pacífica, para ello debe adoptar medidas efectivas y oportunas de seguridad para proteger a la población de las agresiones y violaciones de sus derechos por parte de los grupos armados ilegales y grupos delictivos organizados.