La Contraloría de Bogotá profirió fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia contra Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionario encargado de la administración de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín, por un detrimento patrimonial superior a los $7.512 millones.
La decisión se adoptó dentro del proceso adelantado por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de concesión 415 de 2021, suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Según el organismo de control fiscal, durante la investigación se estableció que el concesionario incumplió las obligaciones contractuales relacionadas con el manejo y centralización de los recursos provenientes de los servicios funerarios prestados en los camposantos distritales.
El hallazgo más grave evidenciado por la Contraloría apunta a que parte de los recursos públicos habría sido manejada en cuentas bancarias no autorizadas y mediante recaudos en efectivo que, presuntamente, nunca ingresaron a las cuentas fiduciarias oficiales establecidas en el contrato.
De acuerdo con el fallo No. 06 del 12 de mayo de 2026, el 37,57 % del recaudo total de la concesión fue recibido en efectivo directamente en las ventanillas de los cementerios, sin que esos dineros fueran trasladados posteriormente a las cuentas fiduciarias destinadas para la administración de recursos públicos.
La cuantía del detrimento patrimonial fue fijada en $7.512.777.525.
“El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, señaló Daniel Camilo Castilla.
Además del fallo fiscal, la Contraloría de Bogotá ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales correspondientes por los hechos detectados durante el proceso.
El caso pone nuevamente bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en contratos de concesión distrital y abre un nuevo frente judicial sobre la administración de los servicios funerarios en la capital del país.
