En un pronunciamiento contundente, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, condenó la postura del Comandante del ELN, Antonio García, quien condicionó el cese del delito de secuestro a la entrega de recursos para la financiación del grupo guerrillero.
Calificando esta posición como una «afrenta» y «vil extorsión» al Gobierno, Camargo Assis destacó la importancia de no confundir el derecho fundamental a la libertad individual con un negocio de mercancías.
“Así como hace unos días valoramos el anuncio del acuerdo alcanzado en Ciudad de México, el cual da cuenta de que el ELN se compromete a renunciar al secuestro de personas, así mismo, decimos con vehemencia que es una afrenta contra el pueblo colombiano condicionar el cese de tan execrable práctica a la entrega de recursos para la financiación del grupo guerrillero. Es una vil extorsión al Gobierno, que evidencia su naturaleza criminal”, asegura Carlos Camargo Assis.
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Enfatizó que el cese de tan execrable práctica no debería estar sujeto a condiciones económicas, como lo evidencia el comunicado emitido por la mesa de diálogo el 17 de diciembre. El derecho fundamental a la libertad individual de los ciudadanos no puede ser tratado como una mercancía en negociaciones de esta índole, según señaló el Defensor del Pueblo.
Afirmó que la retórica utilizada en el pronunciamiento del ELN juega con los sueños de paz de los colombianos y desvanecería los sinceros deseos de poner fin al conflicto armado que ha afectado al país por generaciones.
“Si bien somos conscientes de que una negociación tiene puntos grises, si se quiere rojos, por ende, álgidos, generadores de controversia, es una insolencia con el pueblo colombiano supeditar la libertad de los ciudadanos y de quienes están en cautiverio. El derecho fundamental a la libertad individual de los seres humanos no se puede confundir con un negocio de mercancías, como es referido en tan descabellado pronunciamiento”, señala Carlos Camargo.
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También. hizo hincapié en que el secuestro es un crimen de lesa humanidad, cometido de manera sistemática no solo por el ELN, sino también por las disidencias de las Farc, otros grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado. Este actuar va en contravía de lo establecido en el derecho internacional humanitario (DIH).
