
Luego que el presidente Gustavo Petro presentará ante la Cámara de Representantes, la terna para elegir a la próxima Defensora del Pueblo, las tres abogadas serán escuchadas en entrevista ante la plenaria.
El mandatario repitió su fórmula de solo mujeres para reemplazar a Carlos Camargo y su periodo iniciará el próximo primero de septiembre.
Dora Lucy Arias Giraldo, defensora de Derechos Humanos, Jomary Ortegón Osorio vicepresidenta del Colectivo José Alvear Restrepo e Iris Marín Ortiz, magistrada auxiliar de la corte constitucional.
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Este miércoles 14 de agosto, las candidatas estaban citadas para presentar ante la Cámara de Representantes sus hojas de vida y propuestas para la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, esta fue aplazada para el jueves 15 de agosto a las 11 de la mañana, La elección se llevará a cabo el viernes 16 de agosto y el periodo iniciaría el primero de septiembre.
Las tres mujeres ternadas tendrán 20 minutos cada una, para exponer sus propuestas ante los representantes, luego la formulación de preguntas por los congresistas. Esta elección del viernes se realiza mediante voto secreto.
Las causa del aplazamiento fue que se estaba votando la moción de censura al Ministro de Minas, Andrés Camacho.
Estos son los perfiles de las candidatas a dirigir la Defensoría del Pueblo:
Dora Lucy Arias Giraldo
Abogada, experta en Utilidad Pública, Dora Lucy Arias Giraldo ha trabajado durante más de 20 años en litigio, investigación, pedagogía y fortalecimiento organizativo acompañando a organizaciones populares, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia y América Latina para la defensa territorial y de derechos humanos frente abusos de poder estatales y de grandes poderes económicos.
La abogada Dora Lucy Arias, hace parte del Colectivo José Alvear Restrepo CAJAR, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos de comunidades afectadas por mega proyectos extractivos mineros en Colombia y Latinoamérica. A través de trabajo de documentación, investigación y litigio, su objetivo es que “las comunidades afectadas por conflictos ambientales puedan permanecer en su territorio con plena realización de sus derechos”.
Iris Marín Ortiz
Iris Marín Ortiz, es magistrada auxiliar de la corte constitucional, trabaja con la magistrada Natalia Ángel Cabo.
Abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del -Rosario, Con una maestria en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.
Constitucionalista, defensora de derechos humanos. Paz, derechos de las víctimas y justicia transicional.
Cuenta con 25 años de experiencia. Ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y trabajado en organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en cargos directivos del Gobierno para la implementación de la Ley de Víctimas, asesora en hallazgos y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, asesora del equipo de Gobierno en la negociación de Paz con las FARC-EP.
Consultora de organismos del Estado y de Naciones Unidas en derechos de las víctimas y justicia transicional en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México.
Profesora en derechos humanos, derecho constitucional, igualdad de género, derechos de las víctimas y justicia transicional.
Jomary Ortegón Osorio
Jomary Ortegón Osorio, vice Presidenta de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Abogada de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en derecho constitucional y Especialista en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en derecho penal de la Universidad Libre.
Defensora de derechos humanos, desde hace 20 años acompaña labores de litigio a nivel de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en representación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, en la Comisión Interamericana ha litigado alrededor de 30 casos de violaciones a derechos humanos en casos de pueblos indígenas, niños y niñas, defensores de derechos humanos, campesinos, en los cuales se han obtenido sentencias contra el Estado colombiano y en favor de los derechos de las víctimas en casos como el Palacio de Justicia (2014), Masacre de Santo Domingo (2013), Manuel Cepeda Vargas (2010), Masacre de la Rochela (2008), Masacre de Mapiripán (2005). También acompaña permanentemente la solicitud y el seguimiento a medidas de protección internacional en favor de líderes y lideresas en situación de riesgo incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y pueblos indígenas.