La acusación central gira en torno a la presunta oferta de dádivas a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, alias «Guacharaco,» y Carlos Eduardo López, alias «Caliche,» para que modificaran o falsearan sus testimonios ante la Corte Suprema de Justicia.
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La defensa del expresidente Álvaro Uribe, a cargo de Jaime Granados insiste en la solicitud de nulidad del proceso que inicialmente fue negada por la Juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Herrera, quien en audiencia del 24 de mayo de2024 rechazó la solicitud de nulidad del proceso argumentando que la indagatoria rendida por el expresidente ante la Corte Suprema de Justicia no equivalía a una imputación de cargos. A lo que la juez Herrera señaló que este asunto ya había sido resuelto por la Corte Constitucional, la cual había determinado la equivalencia entre la indagatoria y la imputación de cargos, desestimando así los argumentos de la defensa.
Igualmente, la Fiscalía realizó una nueva adición al escrito de acusación inicialmente presentado al juzgado, por el delito de soborno a título de dolo, por lo que la defensa del exmandatario solicita la nulidad.
Durante la sesión anterior de audiencia de acusación, el fiscal, Gilberto Iván Villarreal argumentó que Uribe habría instruido a su abogado, Diego Cadena, para que influyera en los testimonios de estos testigos clave.
Según la fiscalía, se buscaba que estos testimonios fueran favorables para el expresidente y su hermano, ambos vinculados a investigaciones por presuntas relaciones con grupos paramilitares.
Ahora Uribe Vélez irá a juicio por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Senador de la República en el año 2014.
Víctimas Reconocidas
La juez 44 de conocimiento de Bogotá reconoció como víctimas a Jorge Perdomo, Deyanira Gómez y Luis Eduardo Montealegre, sin embargo la decisión fue apelada El Tribunal Superior de Bogotá debe decidir si acepta como víctimas.
El Caso
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe inició en 2018 en la Corte Suprema, luego que el Senador Iván Cepeda denunciara supuestos sobornos a paramilitares recluidos en la cárcel. Seis años después la Fiscalía llama a juicio a Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El proceso fue abierto en la Corte Suprema de Justicia, quienes ordenaron el 03 de agosto de 2020 detención domiciliaria en su finca «El Ubérrimo», donde estuvo recluido por 67 días, pero luego de la renuncia de Uribe a su investidura de Senador, su proceso pasó a la Fiscalía por no tener fuero constitucional y el 10 de octubre de 2020, el Juzgado 30 de garantías de Bogotá, ordenó la libertad del procesado Uribe Vélez.
Luego de dos solicitudes de preclusión y seis fiscales que han estado a cargo del proceso penal iniciará el juicio.
Vea aquí el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe
La Fiscalía estima que el imputado ÁLVARO URIBE VÉLEZ, conociendo los acontecimientos trascendentes relatados acá, y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros, y en menoscabo de la eficaz y recta impartición de justicia y de derechos o intereses superiores de sus víctimas, de esta manera determinó la comisión de las conductas punibles que adelante se reseñan.
Con relación a la (causal) de agravación, por un lado se aquilata que su proceder lo llevó a cabo abusando o desconociendo la posición distinguida que ocupaba en la sociedad, especialmente por los cargos que había ostentado, su posición económica, ilustración, poder y autoridad política.
Diego Javier Cadena Ramírez, en nombre y representación del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, con la colaboración de otras personas, en diferentes establecimientos carcelarios y fuera de ellos, ubicó y contactó a ex militantes de grupos de paramilitares, para que, a cambio de favores jurídicos, dinero u otras dádivas, elaboraran escritos y videos a favor del Dr. ÁLVARO y de su hermano Santiago,