En una carta enviada al gerente del proyecto Metro de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación recalca en que las modificaciones deben ser justificadas en fundamentos técnicos, financieros y jurídicos.
“El patrimonio público debe ser manejado de manera diligente y responsable”, advierte la Procuraduría por cambios a contrato de concesión del Metro de Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación, hizo requerimientos en ese sentido al gerente del proyecto, José Leónidas Narváez, luego de los anuncios hechos por el Gobierno Nacional de solicitar el cambio de un tramo de la línea del Metro de Bogotá para que sea subterráneo, podrían acarrear sobrecostos en la ejecución, y afectando el patrimonio público.
En su misiva, el ente de control advirtió “que no encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad de la ciudad» y que tampoco se ha explicado, de manera amplia, “que las modificaciones propuestas no crearan alteraciones al objetivo original del proyecto”.
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En las observaciones, el Ministerio Público también recalca en las posibles demandas que se puedan suscitar por oferentes que ven vulnerados sus intereses por el cambio de condiciones contractuales o la posibilidad de renuncia del concesionario por alteración en un 20 por ciento o más de sobrecostos del proyecto. “No es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del documento de precalificación y licitación que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes.”
El órgano de control también llamó la atención para tener en cuenta la fluctuación del precio del dólar, las demoras en la ejecución del proyecto y el posible detrimento patrimonial por los dineros invertidos hasta el momento en estudios y diseños, adquisición de predios y traslado de redes, entre otros.
