Néstor Iván Osuna, Ministro de Justicia, , aseguró que el Gobierno “será absoluta y totalmente respetuoso de la independencia judicial, de la autonomía de la rama y, por lo tanto, de todas las sentencias, autos, fallos y determinaciones del poder judicial. El compromiso es erradicar el miedo del funcionamiento del Estado”.
“La Corte ha sido garante de construcción de nuestra Carta Magna, de protección de los derechos y libertades de todos los colombianos y de avance en la construcción de un derecho mejor para nuestra sociedad”, afirmó.
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Insistió el ministro que desde el Ejecutivo habrá “respeto, protección y admiración por las personas que ejercen el poder judicial: por su vida privada, labor decisiones, posturas políticas y forma de ver el derecho”.
Así mismo, dijo que “el Gobierno está decidido a presentar las reformas normativas que sean necesarias para adaptar, de verdad, el derecho disciplinario del país a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asignándole a la Rama Judicial aquellos procesos disciplinarios que según la Convención no le pueden corresponder a autoridades que no son judiciales. Eso, dentro de un proyecto de reforma un poco más amplio con la Procuraduría General de la Nación en el que estamos empeñados”.
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También se espera establecer penas no privativas de la libertad como penas principales, proponiendo un proyecto de ley que amplíe la pena de prestación de servicios de utilidad pública en sustitución de la prisión. Esto pensando siempre en reparar a la víctima y restaurar el tejido social.
“Además, queremos ampliar la prisión domiciliaria reformando el artículo 38B del Código Penal para que se pueda acceder a ese beneficio en delitos con una pena relativamente baja y aplicar, con más audacia de como se ha hecho hasta ahora, algunos subrogados penitenciarios. Claro que los delitos graves no serán merecedores de esos beneficios”, precisó Osuna Patiño.
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El ministro finalizó diciendo que se espera abrir un diálogo con la sociedad y con el Congreso de la República para ver qué tanto de todo lo mencionado se puede aprobar. “El ánimo de la política penitenciaria no es otro que superar el vergonzoso estado de cosas constitucional que la Corte Constitucional ha señalado a lo largo de más de 20 años”, concluyó.
