Así lo señala en una nueva audiencia pública, la Fiscalía General, en contra de César Antonio Lugo Morales, quien fungió como gobernador de Amazonas durante junio de 2016 y abril de 2018. Las autoridades judiciales lo tienen en el radar por irregularidades en el contrato que buscaba optimizar el servicio de acueducto en un corregimiento del departamento.
Lugo Morales se ubica en el banquillo de los acusados ante la Corte Suprema de Justicia, quien es señalado de tramitar de manera irregular dos contratos. El primero tenía la finalidad de optimizar el sistema de acueducto del Centro Poblado del corregimiento de Tarapacá en el Amazonas.
Ese lo firmó por un poco más de $890 millones, y el segundo que fue por $71 millones, tenía como propósito hacerle interventoría al primero. La Fiscalía le ha reprochado apropiación de recursos e incumplir con la vigilancia de los recursos que tenía como mandatario gubernamental.
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