La decisión cobijaría también a familiares de Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora del Pacto Histórico y MAIS Martha Isabel Peralta Epieyú. El empresario ha sido mencionado dentro del proceso contra Nicolás Petro. La congresista, por su parte, enfrenta una investigación formal de la Corte Suprema por el caso de corrupción de la UNGRD.
BOGOTÁ. Los nombres del poderoso empresario del Caribe colombiano Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), vuelven al centro de la controversia tras conocerse una decisión de Estados Unidos de retirarles las visas, medida que también cobijaría a integrantes de sus familias.
Torres un empresario propietario de un conglomerado con operaciones principalmente en los sectores de energía, señalización de tránsito y alumbrado público, mientras que a Peralta la embajada la identifica por su condición de senadora afiliada al Pacto Histórico y al MAIS.
La medida migratoria abre un nuevo capítulo alrededor de dos figuras que, aunque pertenecen a ámbitos diferentes —Torres al empresarial y Peralta al político—, han sido mencionadas en investigaciones y controversias sobre contratación pública, financiación política y manejo de recursos estatales del anterior Gobierno.
Es importante establecer una diferencia: el retiro o revocación de una visa estadounidense no equivale por sí mismo a una condena penal en Colombia, y los procesos judiciales que involucran o mencionan a Torres y Peralta tienen expedientes, autoridades y hechos diferentes.
¿Quién es Euclides Torres?
Euclides Torres es un empresario con una extensa trayectoria como contratista y con fuerte influencia empresarial en la región Caribe.
Su nombre ha sido relacionado durante años con una compleja red de sociedades que ha participado en negocios de alumbrado público, tránsito, energía, centros de reconocimiento y otros servicios contratados por entidades públicas.
Al menos 40 compañías conectadas mediante socios, accionistas o administradores estarían relacionadas con ese entorno empresarial han tenido una importante participación en la contratación estatal.
La Superintendencia de Industria y Comercio también ha investigado actuaciones relacionadas con empresas de este entramado en asuntos de libre competencia.
El poder del grupo Torres no se limita al sector empresarial. Varios integrantes de su familia han ocupado cargos de elección popular en el Caribe y en el Congreso. El Consejo Nacional Electoral incluso citó en su momento a Euclides Torres para que declarara dentro de las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.
El nombre de Euclides Torres en el expediente de Nicolás Petro
Uno de los episodios que llevó el nombre de Torres a la agenda nacional fue la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro.
Durante el proceso, la Fiscalía ha presentado conversaciones y otros elementos probatorios en los que aparece mencionado el empresario.
En marzo de 2025, durante la audiencia preparatoria contra Nicolás Petro, la Fiscalía explicó que en conversaciones obtenidas del teléfono de Daysuris Vásquez se hacía referencia a Torres como supuesto financiador de actividades de la campaña presidencial.
La fiscal Lucy Laborde manifestó durante esa diligencia que las conversaciones eran relevantes para la teoría del caso de la Fiscalía porque se mencionaba tanto una supuesta financiación como la presunta entrega de un apartamento a Nicolás Petro.
Las afirmaciones forman parte de la argumentación de la Fiscalía dentro del proceso penal contra Nicolás Petro y no constituyen, por sí mismas, una sentencia contra Torres.
Nicolás Petro habló del interés de Torres en sectores como energía y transporte
Otro episodio relevante surgió del interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía en agosto de 2023.
Cuando los investigadores le preguntaron cuál sería el interés de Torres en apoyar financieramente actividades políticas, Nicolás Petro respondió haciendo referencia precisamente a los negocios del empresario.
“Obviamente, él es un contratista, un megacontratista, y tiene intereses en sectores importantes como transporte y el sector de la energía”, respondió Petro Burgos, según el interrogatorio revelado posteriormente.
Torres, por su parte, ha negado haber entregado dinero directamente a la campaña presidencial. En declaraciones públicas ha sostenido que su participación se limitó al apoyo de algunos aspectos logísticos.
Los millonarios contratos relacionados con la transición energética
Otro frente de controversia alrededor del empresario surgió por contratos adjudicados por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía y estratégica para los proyectos de transición energética.
Investigaciones periodísticas identificaron cuatro contratos que, con sus adiciones, superaban los $180.000 millones y fueron adjudicados a consorcios y uniones temporales en los que aparecían compañías relacionadas con el entorno empresarial de Torres.
Los negocios incluían instalación de paneles solares, soluciones energéticas y programas de eficiencia energética.
Las denuncias llegaron a los organismos de control. La Procuraduría abrió investigación contra funcionarios del Fenoge y solicitó información a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las compañías relacionadas con la denominada Organización Simetric.
El representante Cristian Avendaño también presentó denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que se investigaran posibles irregularidades en esos procesos contractuales.
Martha Peralta: senadora, dirigente indígena y figura del Pacto Histórico
La segunda persona afectada por la decisión migratoria es Martha Isabel Peralta Epieyú.
Nacida en Riohacha en 1988, Peralta es abogada, especialista en Derecho Ambiental y magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Es dirigente del pueblo wayuu y llegó al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)dentro de la coalición del Pacto Histórico.
Integra la Comisión Séptima Constitucional, encargada, entre otros asuntos, de temas relacionados con salud, seguridad social y asuntos laborales.
También presidió durante varios años el MAIS. Según su hoja de vida registrada en Función Pública, ejerció la presidencia de esa organización entre septiembre de 2017 y noviembre de 2024.
Peralta fue elegida nuevamente para el periodo legislativo iniciado en 2026.
La investigación contra Peralta por el caso UNGRD
Su situación judicial más relevante actualmente está relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió en mayo de 2026 una investigación formal contra Peralta por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, según informó el propio alto tribunal.
La investigación busca determinar su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos de la UNGRD.
Uno de los episodios bajo investigación está relacionado con un contrato por alrededor de $2.170 millones, suscrito en octubre de 2023 y destinado al alquiler de miles de horas de maquinaria amarilla y volquetas para atender necesidades en Riohacha, La Guajira.
Lo que dijo Olmedo López sobre la senadora
El expediente se alimentó, entre otros elementos, de las declaraciones entregadas por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales testigos del entramado de corrupción.
Según López, en septiembre de 2023 Peralta habría acudido a la UNGRD acompañada por personas relacionadas con maquinaria amarilla y habría solicitado que fueran tenidas en cuenta para contratación en La Guajira.
La Fiscalía posteriormente compulsó copias a la Corte Suprema debido al fuero constitucional de la senadora.
La investigación judicial debe establecer si esas gestiones constituyeron delitos. Peralta ha rechazado los señalamientos y ha sostenido públicamente que su actuación ha sido legal.
La Corte ordenó su conducción para rendir indagatoria
El expediente tuvo un momento especialmente complejo en junio de 2026.
La magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción, ordenó que la congresista fuera conducida para garantizar su comparecencia a una diligencia de indagatoria.
Peralta terminó bajo custodia temporal mientras continuaba la diligencia. La senadora cuestionó la actuación y sostuvo que se trataba de una medida excesiva.
Posteriormente suscribió ante la Corte un compromiso que, entre otras obligaciones, estableció restricciones para salir del país sin autorización judicial.
Otros expedientes y una precisión sobre los procesos contra Peralta
Peralta también ha aparecido en otros expedientes relacionados con actividades políticas y electorales. Sin embargo, es necesario diferenciar las investigaciones.
En un proceso sobre contratación de transporte aéreo durante la campaña legislativa de 2022, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema decidió en septiembre de 2025 inhibirse de abrir investigación formal contra 20 congresistas del Pacto Histórico, entre ellos Peralta.
Por tanto, ese expediente no debe confundirse con la investigación actualmente abierta por el caso UNGRD.
¿Qué significa que Estados Unidos retire una visa?
Una revocación de visa es una decisión migratoria de Estados Unidos y no constituye automáticamente una declaración de culpabilidad penal.
Las consecuencias concretas dependen de la figura migratoria utilizada por las autoridades estadounidenses. En el caso de Torres y Peralta, la información divulgada indica además que la medida se extendería a familiares de ambos.
Dos nombres con expedientes diferentes
Aunque sus nombres aparecen ahora unidos por la decisión migratoria de Estados Unidos, las situaciones de Euclides Torres y Martha Peralta son jurídicamente distintas.
Torres es un empresario cuyos negocios y relaciones políticas han sido examinados en investigaciones periodísticas, administrativas y judiciales, y cuyo nombre aparece dentro del material presentado por la Fiscalía en el proceso contra Nicolás Petro. También existen actuaciones de organismos de control relacionadas con contratos adjudicados a compañías vinculadas a su entorno empresarial.
Peralta, en cambio, es una congresista con fuero constitucional y enfrenta directamente una investigación formal ante la Corte Suprema por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio dentro de una línea del caso UNGRD.
Ahora, la decisión estadounidense agrega un elemento internacional a las controversias que rodean a ambos. Queda pendiente conocer el pronunciamiento de Torres y Peralta frente al retiro de las visas y, especialmente, la explicación oficial de Washington sobre los fundamentos y el alcance exacto de la medida.
