La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), puso en evidencia un panorama preocupante sobre la contratación directa realizada por entidades estatales tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, al identificar 6.292 contratos por más de $2 billones en sectores que no estarían cobijados por las excepciones establecidas en la norma.
El análisis desarrollado por la DIARI se concentró en los contratos suscritos entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que fueron revisados 25.685 procesos contractuales por un valor total de $2.8 billones, con el propósito de establecer cuáles correspondían a sectores exceptuados y cuáles podrían representar un riesgo frente al cumplimiento de las restricciones electorales.
Luego de depurar la información contractual y excluir los sectores autorizados por la ley, como salud, defensa, seguridad, atención de emergencias, desastres, urgencia manifiesta y crédito, la DIARI determinó que la mayor parte de la contratación directa observada se concentró en sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, áreas que registran el mayor número de contratos que no tendrían respaldo dentro de las excepciones legales.
Este ejercicio de vigilancia evidencia el papel estratégico que cumple la DIARI dentro del modelo de control preventivo de la Contraloría, al utilizar herramientas de analítica de datos, cruces de información y trazabilidad contractual para detectar alertas tempranas sobre el manejo de recursos públicos en un periodo especialmente sensible como el electoral.
Sobre estos hallazgos, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que la vigilancia de la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un esquema preventivo que busca anticipar posibles irregularidades antes de que se materialicen, mediante el análisis técnico de grandes volúmenes de información contractual.
La DIARI también extendió su seguimiento al uso de recursos públicos en actividades susceptibles de tener impacto electoral. En este componente identificó 368 contratos directos por $31.959 millones, relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística, firmados después de iniciada la restricción electoral.
Adicionalmente, el monitoreo retrospectivo permitió establecer que entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026 se celebraron 17.841 contratos directos por más de $1.68 billones asociados a conceptos similares, lo que refuerza la necesidad de mantener vigilancia permanente sobre la destinación de recursos públicos en época preelectoral.
Estos resultados hacen parte del Modelo Analítico Electoral de Seguimiento Preventivo, mecanismo impulsado por la Contraloría para fortalecer la transparencia en el proceso electoral y garantizar que la contratación estatal se ajuste a la legalidad.
Con este tipo de ejercicios, la DIARI consolida su papel como unidad técnica clave en la detección de riesgos fiscales, permitiendo a la Contraloría anticipar posibles desviaciones en el gasto y fortalecer el control sobre los recursos públicos durante el calendario electoral
