El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hace un llamado para garantizar que funcionarios judiciales puedan operar en zonas donde operan grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ya que en varios territorios del país, en donde las comunidades requieren la protección institucional, los ciudadanos están siendo afectados gravemente por el accionar de grupos armados que estarían participando en diálogos con el gobierno nacional y en el marco de un cese al fuego bilateral.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, lamentó el cierre temporal de la oficina de la Fiscalía en el municipio de Taraza en Antioquia como consecuencia de los graves hechos cometidos contra 3 funcionarios de esa entidad y una funcionaria del juzgado, por parte de un grupo armado ilegal que opera en la zona.
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“Esta circunstancia, pone en riesgo no solamente a los funcionarios que debieron abandonar el territorio sino a todos los ciudadanos por cuanto la Fiscalía es el motor de las investigaciones frente a hechos criminales y la información que reposa en sus oficinas es vital para luchar contra la delincuencia y la criminalidad en el país”, aseguró Carlos Camargo Assis.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca la presencia institucional y las actividades que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de manera especial de los funcionarios públicos que trabajan en los territorios donde las acciones de los grupos armados ilegales generan temor en las comunidades”, agregó.
Finalmente, el Defensor del Pueblo les recordó a los grupos armados ilegales que deben mantener por fuera de sus acciones armadas a la población civil, además de mostrar verdaderos gestos de paz en el marco del proceso de diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, particularmente con los grupos armados que se acogieron al cese bilateral.
