El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró la importancia de garantizar que las prácticas empresariales en Colombia no vulneren los derechos laborales de los trabajadores ni el medioambiente.
Este llamado surge tras la revisión de informes relacionados con la Implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el país.
Los informes, elaborados con el apoyo del Instituto Danés de Derechos Humanos, destacan la necesidad de políticas y regulaciones más sólidas por parte del Estado colombiano en la protección de los derechos humanos. Según la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Defensoría del Pueblo, actualmente las políticas públicas sobre derechos humanos y empresas en Colombia presentan limitaciones, careciendo de una ley específica que regule las actividades económicas en este ámbito.
«Por ello, hemos intervenido en numerosas problemáticas derivadas de las relaciones empresas-comunidad, reiterando el deber ineludible de todos los actores, como Estado, empresas, comunidades y personas, de acatar la Constitución y las leyes. De ahí, el interés de la Defensoría en promover y divulgar estas normas para facilitar su puesta en marcha en nuestro país”.
Aunque existen leyes para regular los impactos negativos en trabajadores y el medioambiente, la falta de implementación es evidente debido a la ausencia de una exigencia general para que las empresas respeten los derechos humanos. En este sentido, se destaca la necesidad de una estrategia estatal más clara y efectiva para supervisar y actuar contra las afectaciones a los derechos humanos en el contexto empresarial.
Por lo cual, hizo hincapié en la importancia de implementar los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, así como la creación de una Línea Base y la formulación de un Plan Nacional de Acción robusto como pasos fundamentales para proteger los derechos de los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas en Colombia.
