En medio de un panorama desolador, el departamento de Arauca continúa siendo escenario de una cruenta disputa territorial entre el ELN y facciones disidentes de las Farc, lo que ha sumido a las comunidades en una crisis humanitaria sin precedentes.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y llamó a las autoridades a implementar medidas urgentes para salvaguardar a la población civil.
“Hacemos un llamado a fortalecer la respuesta institucional e implementar acciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, promoviendo un entorno de respeto a la población, con seguridad y justicia”. Enfatizó la Defensora del Pueblo Iris Marín
Según la Defensoría, 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame, 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita, y nueve veredas de Puerto Rondón han sido los más afectados por el conflicto armado, que se ha intensificado desde junio pasado, la violencia ha cobrado la vida de 143 personas en lo que va del año, incluidos 18 líderes sociales y ocho mujeres, en su mayoría, en ataques selectivos. Entre las víctimas recientes están dos mujeres asesinadas en el corregimiento La Esmeralda, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, reconocido defensor de derechos humanos en Tame.
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Además, los desplazamientos forzados y confinamientos masivos son una constante. En 2024, al menos 412 personas han abandonado sus hogares por la violencia, mientras que más de 6.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en 38 comunidades campesinas e indígenas, los impactos no solo son humanos, sino también económicos. Familias campesinas han tenido que abandonar sus tierras y proyectos productivos financiados con créditos, dejando atrás cosechas y recursos vitales para su sustento.
La Defensoría también denunció los riesgos permanentes para la comunidad educativa. Profesores, niños y adolescentes han quedado en medio de enfrentamientos armados al desplazarse hacia las escuelas, lo que vulnera su derecho a la educación y pone en peligro sus vidas, asimismo, instó al Gobierno Nacional a implementar las recomendaciones de las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23, que piden mayor presencia institucional y medidas efectivas para mitigar el conflicto.