Uno de los puntos más controversiales es la modificación del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia, que actualmente prohíbe cualquier tipo de rebaja de penas para este tipo de delitos. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, argumentó que esta prohibición ha generado un colapso en el sistema judicial, lo que lleva a la prescripción de los casos y la impunidad de los delincuentes. «El 70% de los casos que conocemos están relacionados con niños, niñas y adolescentes, y muchos de ellos terminan en absoluciones por la incapacidad del sistema de procesarlos a tiempo«, aseguró.
El presidente de la Corte dijo que los casos se están terminando con decisiones de prescripción y en absoluciones: «Es el dolor que generan la gama de absoluciones diarias por ese tipo de delitos. El problema no es del sistema de justicia, el problema es que tenemos una incidencia delictual alta. Y agrego: Frente a la gama de delitos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes estamos planteando que sea posible allanarse y preacordar con una rebaja de la mitad de la mitad. Incentivamos el mecanismo de terminación anticipada de los procesos y lograríamos que frente a ese tipo de delitos pueda haber en 3 o 4 meses una sentencia rápida (…) «Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50 o 40 años«.
Por su parte, la fiscal general Camargo advirtió que la reforma no pretende beneficiar a violadores y asesinos, sino ofrecer una alternativa para agilizar los procesos judiciales. Según Camargo, las rebajas de penas moderadas permitirían una sentencia rápida y la reparación pronta a las víctimas, lo que evitaría la dilación de los juicios y el vencimiento de términos, como ocurrió en el caso de Brayan Campo, el feminicida de la menor Sofía Delgado.
La fiscal Luz Adriana Camargo también se refirió al caso del feminicidio de Sofía Delgado de 12 años, reveló que en otro caso por el cual fue investigado Brayan Campo, el Inpec no pudo transportarlo a las audiencias al procesado por la congestión en cárceles y esto conllevó a que fuera dejado en libertad por vencimiento de términos.
“El juez solicitó una audiencia presencial, dada la gravedad del caso. Sin embargo, el Inpec no pudo realizar el traslado de Campo, y por esto, se vencieron los términos, lo que derivó en su libertad”, manifestó la fiscal General y agregó que en este caso de Sofía, Campo aceptó cargos por el feminicidio de la niña de 12 años. “Aquí ya se allanó a los cargos, y fue gracias a la rápida y efectiva intervención de los investigadores”, por lo que el caso avanzará de manera más agil ya que pasa a juicio.
Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por sectores que temen que las rebajas de penas podrían ser mal interpretadas como una concesión a los delincuentes más graves. La procuradora general, Margarita Cabello, ha expresado su oposición a esta medida, argumentando que los derechos de los menores deben ser protegidos de manera prioritaria.
En defensa de la propuesta, el exministro de Justicia Yesid Reyes señaló que el problema no es la cantidad de la pena, sino la eliminación de los beneficios que en la práctica incrementa el tiempo de prisión sin resolver los casos con celeridad. Reyes apoya la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en casos en los que la colaboración efectiva con la justicia permita desmantelar redes criminales involucradas en delitos contra menores.
A medida que el debate avanza, tanto la Corte Suprema como la Fiscalía General defienden la reforma como una herramienta necesaria para reducir la impunidad y evitar la congestión en el sistema judicial. Sin embargo, las voces en contra advierten que cualquier flexibilización en las penas para delitos tan graves como los que afectan a menores de edad podría ser percibida como una vulneración de sus derechos. La discusión promete continuar con fuerza en el Senado, donde se decidirá el futuro de esta reforma.