El presidente Abelardo De La Espriella entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un informe con más de 80 casos que, según el nuevo Gobierno, contienen posibles irregularidades de la administración de Gustavo Petro. Entre los hallazgos expuestos aparecen $856.000 millones girados por la UNGRD sin urgencia manifiesta, recursos por $1,38 billones cuyo rastro se habría perdido y una presunta “nómina paralela” de 900.000 contratos de prestación de servicios. La Fiscalía prometió evaluar la información sin consideraciones políticas.
El presidente Abelardo De La Espriella entregó este martes 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación el denominado “Libro de la Verdad”, también presentado como el Libro Blanco del empalme, un documento que reúne más de 80 casos con posibles irregularidades administrativas, fiscales y hechos de corrupción que, según el nuevo Gobierno, habrían ocurrido durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La entrega se realizó en Bogotá durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, con la participación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el vicepresidente José Manuel Restrepo; el director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, y otros funcionarios del Gobierno.
El documento será ahora objeto de evaluación por parte de la Fiscalía y los organismos de control para determinar cuáles de los hechos denunciados tienen relevancia penal, fiscal o disciplinaria y si existen elementos suficientes para abrir nuevas investigaciones o incorporar la información a procesos que ya se encuentren en curso.
De La Espriella solicitó, además, la conformación de un grupo especial para estudiar los hallazgos y llevar ante la justicia aquellos casos en los que puedan establecerse responsabilidades.
Más de 80 casos serán revisados por la Fiscalía
La fiscal general Luz Adriana Camargo recibió el documento y aseguró que la institución examinará los casos bajo criterios estrictamente jurídicos y sin importar el origen político de las personas que eventualmente puedan resultar involucradas.
“El país puede estar tranquilo: los más de 80 casos documentados sobre posible corrupción serán examinados con total apego a la ley y sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza para proteger el interés público”, señaló Camargo durante el acto.
La fiscal general invitó igualmente a los funcionarios que hicieron parte del Gobierno anterior a colaborar con los organismos de investigación y control, entregando documentos y elementos probatorios que permitan aclarar los señalamientos.
La recepción del informe por parte de la Fiscalía no significa que las denuncias hayan sido probadas ni que exista responsabilidad penal de los funcionarios mencionados. Los hechos contenidos en el documento deberán ser sometidos a verificación y, cuando corresponda, a las garantías propias de una investigación judicial.
La UNGRD, uno de los casos que más preocupa al Gobierno
Uno de los capítulos que concentró la atención durante la presentación corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, aseguró que durante los cuatro años anteriores la entidad habría ejecutado solamente el 4,3 % de su presupuesto, cifra presentada por el Gobierno como muestra de graves problemas administrativos.
Calderón también expuso dos cifras que ahora deberán ser verificadas por los organismos competentes:
$856.000 millones habrían sido girados sin que existiera una declaratoria de urgencia manifiesta y, según el funcionario, se habría “perdido el rastro” de $1,38 billones.
“La UNGRD solo ejecutó el 4,3 % de su presupuesto en cuatro años”, afirmó Calderón durante la presentación.
El funcionario sostuvo que las consecuencias de estas presuntas irregularidades adquieren especial gravedad debido al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto.
Según Calderón, Colombia llegó a la actual emergencia con una entidad fundamental para responder a los desastres naturales en una situación financiera que limita su capacidad de reacción.
“No tiene recursos para hacerlo”, aseguró al referirse a las dificultades que, según su exposición, enfrenta actualmente la UNGRD para responder a la tragedia.
$856.000 millones y $1,38 billones bajo la lupa
El presidente retomó las cifras durante su intervención y pidió establecer exactamente qué ocurrió con esos recursos.
Uno de los hallazgos señala que la UNGRD habría realizado giros por $856.000 millones sin urgencia manifiesta.
El segundo es todavía mayor: $1,38 billones de pesos cuyo rastro, de acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno, no habría podido ser establecido durante la elaboración del Libro Blanco.
Estos señalamientos serán trasladados a los organismos competentes para determinar la ruta contractual y presupuestal del dinero, sus beneficiarios, los proyectos para los cuales fue destinado y si existió alguna conducta irregular.
Denuncian presunta “nómina paralela” de 900.000 contratos
Otro de los hallazgos destacados por De La Espriella corresponde al número de contratos de prestación de servicios suscritos durante la administración anterior.
El presidente habló de una supuesta “nómina paralela” de 900.000 contratos de prestación de servicios.
Según las cifras expuestas por el Gobierno, esos compromisos habrían dejado un pasivo superior a $5 billones.
De La Espriella cuestionó el impacto que esa contratación tiene sobre las finanzas que recibe su administración y pidió establecer si todos los contratos respondían efectivamente a necesidades del Estado y cumplieron los requisitos legales.
La existencia de los contratos, por sí misma, no constituye una irregularidad penal. La revisión deberá determinar las condiciones particulares de contratación, ejecución, supervisión y pago en aquellos casos señalados por el informe.
“Situación fiscal apocalíptica y alarmante”
El presidente también utilizó la presentación para exponer el panorama fiscal que, según aseguró, recibió de la administración anterior.
De La Espriella calificó la situación como “apocalíptica y alarmante” y afirmó que el déficit fiscal alcanza el 7,8 % del Producto Interno Bruto, mientras el endeudamiento se ubica en alrededor del 61 % del PIB.
El mandatario aseguró, además, que entre enero y agosto de 2026 la administración saliente habría utilizado aproximadamente el 97 % de la capacidad de endeudamiento anual de la Nación.
“Hoy no tenemos cómo contratar más deudas”, aseguró De La Espriella.
El presidente planteó entonces una pregunta sobre el destino y utilización de los recursos obtenidos mediante endeudamiento y pidió que el análisis de las finanzas públicas también permita establecer qué compromisos quedaron pendientes.
Según su argumento, la estrechez fiscal condiciona ahora la capacidad del Estado para financiar infraestructura, seguridad, programas sociales y, especialmente, la atención de la emergencia provocada por el terremoto.
Vicepresidente Restrepo cuestionó el manejo de los recursos
El vicepresidente José Manuel Restrepo también intervino durante la presentación del informe y cuestionó lo que calificó como un “manejo ineficiente de los recursos públicos” durante la administración anterior.
Restrepo sostuvo que las obligaciones y restricciones presupuestales encontradas durante el empalme dificultan actualmente la ejecución de recursos para atender a los cientos de miles de afectados por el terremoto.
El señalamiento adquiere relevancia porque el Gobierno enfrenta simultáneamente la búsqueda de desaparecidos, atención de heridos, entrega de ayudas humanitarias y la preparación de un gigantesco proceso de reconstrucción.
El terremoto pone presión sobre las finanzas públicas
La entrega del Libro de la Verdad ocurre apenas ocho días después del terremoto del 10 de agosto, que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó.
El balance actualizado de la emergencia registra 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas, además de 292.043 personas afectadas y 123.789 familias damnificadas.
También se reportan 29.554 viviendas destruidas, 134.342 averiadas y 267 edificios colapsados, además de daños en hospitales, colegios, carreteras, puentes, acueductos y aeropuertos.
De La Espriella ha calculado preliminarmente en cerca de $30 billones las pérdidas materiales ocasionadas por la tragedia y ha advertido que la reconstrucción requerirá recursos nacionales, créditos, cooperación internacional y participación del sector privado.
En ese contexto, el mandatario relacionó los hallazgos del empalme con las dificultades presupuestales que enfrenta ahora su administración para responder a la emergencia.
De La Espriella pide crear grupo especial
El presidente solicitó a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y demás organismos competentes establecer mecanismos especiales de coordinación para analizar la información.
La propuesta es crear un grupo especial dedicado a investigar los presuntos hechos de corrupción documentados en el informe, identificar responsables cuando existan pruebas y llevar los casos ante la justicia.
De La Espriella aseguró que su Gobierno entregará los documentos recopilados durante el empalme y que corresponderá a las instituciones judiciales y de control establecer responsabilidades.
El Ejecutivo sostiene que el Libro de la Verdad no debe quedarse en una denuncia política, sino convertirse en material para investigaciones formales.
Fiscalía: investigaciones serán “sin consideraciones políticas”
La respuesta de Luz Adriana Camargo buscó establecer una separación entre las denuncias políticas del nuevo Gobierno y el trabajo que corresponde a la justicia.
La fiscal general aseguró que todos los casos serán analizados “con total apego a la ley” y “sin consideraciones políticas de ninguna naturaleza”.
Esto implica que la Fiscalía tendrá que determinar inicialmente cuáles hechos ya son objeto de investigación, cuáles contienen información nueva y cuáles pueden tener relevancia penal.
Camargo también abrió la puerta para que integrantes de la administración de Gustavo Petro entreguen explicaciones y pruebas.
La Fiscalía deberá garantizar tanto la investigación efectiva de posibles hechos de corrupción como el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas eventualmente señaladas.
Las principales cifras del ‘Libro de la Verdad’
Las cifras expuestas por el Gobierno durante la presentación muestran la dimensión de los cuestionamientos que ahora serán sometidos a revisión:
- Más de 80 casos con posibles irregularidades o hechos de corrupción entregados a la Fiscalía.
- 4,3 % habría sido la ejecución presupuestal de la UNGRD durante cuatro años, según Germán Calderón.
- $856.000 millones habrían sido girados por la UNGRD sin urgencia manifiesta.
- $1,38 billones son recursos cuyo rastro, según el Gobierno, no pudo establecerse.
- 900.000 contratos de prestación de servicios conformarían la denominada “nómina paralela” denunciada por el presidente.
- Más de $5 billones sería el pasivo asociado a esos contratos, de acuerdo con la exposición gubernamental.
- 7,8 % del PIB sería el déficit fiscal señalado por De La Espriella.
- 61 % del PIB alcanzaría el nivel de endeudamiento.
- 97 % del endeudamiento anual habría sido utilizado entre enero y agosto, según el mandatario.
Ahora comienza la verificación judicial
La entrega del documento marca apenas el comienzo de una nueva etapa.
Los más de 80 casos incluidos en el informe deberán pasar del terreno de los hallazgos administrativos y las denuncias públicas al de la verificación probatoria. Será la Fiscalía la encargada de determinar si existen conductas penalmente relevantes, mientras la Contraloría y la Procuraduría deberán actuar dentro de sus respectivas competencias fiscales y disciplinarias.
El Gobierno de De La Espriella presentó el documento como un balance de lo encontrado durante el proceso de empalme. La administración anterior y las personas eventualmente mencionadas conservarán, por su parte, el derecho a controvertir los señalamientos y aportar sus propias pruebas.
La fiscal Luz Adriana Camargo dejó claro cuál será el criterio institucional frente al documento: examinar los casos sin consideraciones políticas y establecer, a partir de las pruebas, si existen responsabilidades ante la justicia.
