La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de DD.HH de Guatemala lanzaron una cruzada para defender los derechos ante la alarmante situación de los migrantes.
En el convenio, no solo se defenderán los derechos de los migrantes, sino también para personas privadas de la libertad, niños, niñas, adolescente, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de trata de personas, pueblos indígenas y otras poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad.
“En esta alianza intercambiaremos experiencias de trabajo por medio de la realización conjunta de programas de interés común, como cursos presenciales y virtuales, seminarios, encuentros, así como publicaciones y estudios académicos”, resaltó Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
