Corte Suprema ratificó orden de detención al expresidente de la Corte Leonidas Bustos, por «Cartel de la Toga»

Jose Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema ratificó orden del detención al expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, por «Cartel de la Toga»

El magistrado Leonidas Bustos, que está prófugo de la justicia en Canadá es investigado por la Corte Suprema de Justicia, por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, donde se investigan a varios exmagistrados y exfuncionarios.

La alta corte ratificó la decisión de medida de aseguramiento en centro carcelario y ordenó la detención del exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, por la investigación del ‘cartel de la toga’, donde es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. La Corte solicita su detención porque el exmagistrado tendría la capacidad de afectar el proceso y por la gravedad de las conductas endilgadas.
Durante la investigación donde se han condenado a varios magistrados y funcionarios entre ellos al magistrado Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema y el exdirector de Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, se mencionó que Bustos haría parte de un entramado ilegal dedicado a favorecer y cambiar procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.
Según el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno  le entregó a Bustos 200 millones de pesos como anticipo de una decisión que favoreciera al excongresista Álvaro Ahston, quien estaba siendo investigado por parapolítica.
Bustos fue acusado por el Congreso de la República y declarado indigno.

En la sentencia de 28 páginas, la Corte Suprema aclaró que “Tampoco es verdad que no haya tenido posibilidad de controvertir la prueba que funda los presupuestos sustanciales de la medida de aseguramiento, porque estos, en últimas, se refunden en el análisis probatorio propio de la acusación por la mayor amplitud del examen de la prueba que demanda ésta”.

Y ratificó que “Es precisamente por la naturaleza y complejidad de estos juicios especiales y porque el legislador, como el propio acriminado lo admite, consideró como una garantía absoluta el asignarle el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado al máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria penal, que en sus propias palabras, encarna el ideal de justicia y, por tanto, constituye la máxima prenda de garantía para cualquier procesado”.

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