La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública. El expediente se concentra en su participación en un operativo de la Fiscalía realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, donde fue encontrada una pistola Glock 9 milímetros que, según información entregada por alias ‘Pipe Tuluá’, estaría destinada a un atentado contra alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de la Frontera. El alto tribunal busca determinar si la congresista excedió las facultades que tenía como coordinadora del Gobierno Petro en los diálogos sociojurídicos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
La Corte Suprema de Justicia puso bajo investigación formal uno de los episodios más controvertidos de la participación de la senadora Isabel Cristina Zuleta López en la política de paz urbana impulsada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La Sala de Instrucción anunció este viernes que abrió investigación formal contra la congresista y ordenó citarla a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública.
La decisión no significa que Zuleta haya sido declarada responsable. La investigación busca determinar si, durante un procedimiento adelantado en la cárcel La Picota de Bogotá el 10 de julio de 2025, la senadora realizó actuaciones que excedían las competencias que le habían sido otorgadas por el Gobierno Nacional.
El caso involucra a dos conocidos jefes de estructuras criminales: Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, señalado jefe de la organización La Inmaculada, y Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, identificado como uno de los máximos jefes de los Comandos de la Frontera.
En el centro de la investigación aparece, además, una pistola Glock calibre 9 milímetros, encontrada por investigadores de la Fiscalía dentro del pabellón de extraditables de La Picota.
¿Qué investiga la Corte Suprema?
La pregunta central que deberá resolver la Sala de Instrucción es hasta dónde podía llegar Isabel Zuleta en desarrollo de las funciones que le fueron asignadas dentro de la política de paz del Gobierno Petro.
La congresista había sido designada coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
Su designación quedó formalizada mediante la Resolución 452 del 8 de noviembre de 2024, expedida por la entonces Consejería Comisionada de Paz. La decisión facultó a Zuleta para realizar los actos necesarios dirigidos a entablar conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales que demostraran voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, avanzar en términos de sometimiento a la justicia y construir paz en los territorios.
Según informó ahora la Corte, esas facultades fueron posteriormente contempladas también en la Resolución 123 de 2026.
El alto tribunal deberá establecer si lo ocurrido en La Picota estaba dentro de esas funciones o si la congresista terminó interviniendo en una actividad propia de las autoridades judiciales.
La Corte explicó que:
“La Sala indaga si su participación en estos hechos se ajustó al ámbito de actuación previsto en las resoluciones que determinaron sus funciones”.
El origen del caso: una información entregada por ‘Pipe Tuluá’
Para entender la investigación contra la senadora es necesario remontarse a una información que llegó a las autoridades procedente de alias ‘Pipe Tuluá’.
Marín Silva habría advertido sobre la existencia de un supuesto plan para asesinar dentro de La Picota a Giovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de la Frontera y quien se encontraba vinculado a acercamientos de paz con el Gobierno.
De acuerdo con la información conocida posteriormente, ‘Pipe Tuluá’ entregó detalles sobre la supuesta existencia de un arma escondida en el pabellón de extraditables.
Zuleta explicó en julio de 2025 que había acudido a hablar con Marín Silva por indicación del entonces comisionado de Paz, Otty Patiño. Posteriormente, investigadores del CTI de la Fiscalía recibieron una declaración de ‘Pipe Tuluá’ y obtuvieron información sobre el lugar donde estaría escondida la pistola.
La información era suficientemente concreta como para que la Fiscalía pusiera en marcha un procedimiento.
El operativo del 10 de julio en La Picota
El procedimiento que ahora analiza la Corte Suprema se realizó en la noche del 10 de julio de 2025.
Cerca de 30 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ingresaron al pabellón 9 de extraditables de La Picota.
La senadora Isabel Zuleta también estuvo presente.
Los investigadores revisaron diferentes puntos del patio siguiendo las indicaciones que habían recibido sobre la ubicación del arma. Finalmente, la búsqueda permitió localizar una pistola Glock calibre 9 milímetros y diez proyectiles.
De acuerdo con la reconstrucción conocida del caso, el arma se encontraba escondida en una pequeña zona utilizada como bodega, entre cajas con adornos navideños.
El hallazgo permitió abrir una investigación relacionada con el arma y con el supuesto plan criminal.
Pero la presencia de Zuleta durante el procedimiento comenzó a generar interrogantes: ¿por qué una senadora y negociadora del Gobierno estaba presente durante una diligencia desarrollada por funcionarios judiciales?
Esa pregunta es precisamente una de las que ahora deberá responder la Corte Suprema.
¿Para qué iba a ser utilizada la pistola?
Según la información suministrada inicialmente por ‘Pipe Tuluá’, la pistola habría sido escondida para ser utilizada en un atentado contra alias ‘Araña’.
La versión indicaba que integrantes del Tren de Aragua estarían detrás del supuesto plan.
La Fiscalía reportó que el arma encontrada correspondía a una Glock 26 de 9 milímetros, con su identificación borrada, además de un proveedor y munición. A partir del hallazgo se abrió una noticia criminal por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
Es importante precisar que la existencia del arma fue comprobada con su incautación, pero las responsabilidades por el supuesto plan para asesinar a ‘Araña’ debían ser determinadas dentro de las investigaciones correspondientes.
¿Qué dijo Isabel Zuleta sobre su presencia?
La propia congresista habló públicamente sobre el episodio pocos días después del procedimiento.
Según Zuleta, su papel consistió en observar el operativo por delegación de la oficina encargada de la política de paz.
La senadora aseguró entonces:
“La diligencia fue dirigida por el CTI de la Fiscalía, se realizó en compañía y la observación de la oficina del consejero comisionado para la paz, quien me delegó a mí para hacer esa observación y ese acercamiento a este gesto de paz”.
Zuleta calificó la información entregada por ‘Pipe Tuluá’ como un “gesto de paz” dentro de los establecimientos penitenciarios.
La congresista también confirmó públicamente que fue gracias a la colaboración de Marín Silva que las autoridades pudieron localizar el arma.
Ahora será la Sala de Instrucción la que deberá establecer jurídicamente si esa labor de observación y acompañamiento estaba comprendida dentro de las competencias que el Gobierno le había otorgado.
El papel de Zuleta en la política de ‘Paz Total’ de Petro
Isabel Zuleta no participaba en estos acercamientos únicamente por su condición de congresista.
Durante el gobierno de Gustavo Petro recibió una designación formal del Ejecutivo para intervenir en uno de los componentes de su política de paz: el proceso urbano con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
La Resolución 452 de 2024 la designó expresamente:
“Coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá”.
El objetivo de ese espacio era diferente al de una negociación política tradicional con una organización insurgente.
La estrategia buscaba establecer conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales urbanas con el propósito de promover su tránsito hacia la legalidad, establecer condiciones de sometimiento a la justicia, reducir los niveles de violencia y construir mecanismos de convivencia territorial.
La resolución facultó a Zuleta para desarrollar actuaciones tendientes a entablar esas conversaciones, fijar términos de sometimiento dentro de los límites establecidos por la ley y contribuir a la construcción de paz.
La paz urbana de Medellín
Zuleta adquirió especial protagonismo dentro de la denominada paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, uno de los experimentos más controvertidos de la política de Paz Total.
El proceso involucró conversaciones con representantes de estructuras criminales de alto impacto que durante años han tenido presencia en Medellín y municipios del área metropolitana.
Dentro de ese esquema se impulsaron compromisos relacionados con reducción de homicidios, no reclutamiento de menores, disminución de extorsiones y tránsito de integrantes de esas organizaciones hacia la legalidad.
Según información divulgada por el equipo de Zuleta, el proceso llegó a implementar un piloto de no extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello, que posteriormente fue ampliado durante 2025 a 45 barrios del área metropolitana.
La participación de la senadora fue defendida por sectores del Pacto Histórico, que señalaron que su misión consistía en conducir conversaciones con estructuras dispuestas a acogerse a la ley y promover acciones para reducir la violencia.
La investigación de la Corte no está dirigida, en principio, contra esa política en general. Se concentra específicamente en determinar si la actuación de Zuleta en el operativo de La Picota desbordó las facultades que recibió.
¿Quién es Isabel Cristina Zuleta?
Isabel Cristina Zuleta López nació el 12 de abril de 1982 en Ituango, Antioquia.
Es socióloga, activista ambiental y defensora de derechos humanos. Su trayectoria pública comenzó mucho antes de su llegada al Congreso y estuvo especialmente vinculada con las comunidades afectadas por grandes proyectos energéticos y mineros en Antioquia.
Zuleta fue una de las fundadoras y principales dirigentes del Movimiento Ríos Vivos, organización que adquirió notoriedad nacional por sus cuestionamientos al proyecto hidroeléctrico Hidroituango y por su trabajo con comunidades de su zona de influencia.
En 2018, Ríos Vivos recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos como proceso colectivo.
Zuleta estudió Sociología e Historia en la Universidad de Antioquia y posteriormente trasladó parte de su liderazgo social al escenario político.
En 2021 ingresó a Colombia Humana y posteriormente recibió el aval para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado.
Fue elegida senadora para el periodo 2022-2026 y posteriormente continuó su trayectoria en el Congreso. Durante su primer periodo hizo parte de la Comisión Quinta Constitucional, encargada, entre otros asuntos, de temas ambientales, mineros, energéticos y agropecuarios.
Su cercanía política con el proyecto del entonces presidente Gustavo Petro también la convirtió en una de las figuras del oficialismo vinculadas directamente con la estrategia de paz urbana.
¿Qué significa que haya sido citada a indagatoria?
La apertura de investigación formal y la citación a indagatoria representan un avance procesal en el expediente, pero no equivalen a una acusación ni a una condena.
Por su condición de congresista, Zuleta tiene fuero constitucional y corresponde a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelantar la investigación penal.
Durante la indagatoria podrá conocer los hechos por los cuales es investigada, entregar su versión, ejercer su derecho de defensa y aportar las explicaciones y elementos que considere pertinentes.
Posteriormente, con base en las pruebas recaudadas, la Sala deberá adoptar las decisiones procesales que correspondan.
La pregunta que deberá resolver la Corte
El expediente tiene ahora un punto central: establecer la frontera entre las funciones que recibió Isabel Zuleta como negociadora y coordinadora gubernamental de un proceso de paz y las competencias que corresponden exclusivamente a autoridades como la Fiscalía.
La resolución que la designó le otorgaba amplias facultades para desarrollar conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales y promover su tránsito hacia la legalidad.
La Corte deberá determinar si esas atribuciones permitían que estuviera presente y participara en las circunstancias en que se desarrolló el operativo para encontrar el arma dentro de La Picota.
Zuleta, por su parte, ha sostenido desde que el caso se hizo público que la diligencia fue dirigida por el CTI y que su presencia correspondió a una función de observación delegada desde la oficina del comisionado de Paz.
Será ahora la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la encargada de contrastar esa explicación con las resoluciones que establecieron sus competencias, los testimonios de quienes participaron en el procedimiento y la documentación de la diligencia.
Mientras avanza el proceso, Isabel Cristina Zuleta conserva plenamente su presunción de inocencia y no existe hasta ahora una decisión judicial que determine su responsabilidad penal.