La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medidas no privativas de la libertad al congresista conservador. El INPEC deberá implementar un mecanismo de vigilancia electrónica y Barreto tendrá que constituir una caución de $40 millones. La investigación apunta al presunto direccionamiento de contratos de Prosperidad Social y Proyecta.
Un nuevo capítulo judicial se abrió este jueves 20 de agosto alrededor del denominado caso ‘Marionetas 2’. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del senador del Partido Conservador Miguel Ángel Barreto Castillo y ordenó que permanezca sometido a un mecanismo de vigilancia electrónica que deberá implementar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mientras continúa la investigación.
La medida no significa que Barreto vaya a prisión ni que haya sido condenado. Se trata de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad dentro del proceso que adelanta el alto tribunal por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y, en calidad de determinador, interés indebido en la celebración de contratos.
Además del mecanismo electrónico, la Corte le impuso al congresista una caución de $40 millones y restricciones para impedir que tenga contacto con determinados testigos vinculados a la investigación.
La decisión significa que el senador podrá continuar ejerciendo su actividad parlamentaria mientras avanza el expediente, pero deberá cumplir estrictamente las condiciones fijadas por la Sala Especial de Instrucción.
¿Por qué investiga la Corte a Miguel Ángel Barreto?
El expediente está en manos del magistrado Marco Antonio Rueda y tiene su origen en las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y de la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial, Proyecta.
La hipótesis investigativa apunta a que en estas entidades se habrían realizado maniobras para direccionar contratos y favorecer intereses de integrantes del Congreso, entre quienes aparece mencionado Miguel Ángel Barreto.
La Corte abrió formalmente investigación contra el senador en julio de 2025 por su posible participación en la trama conocida como ‘Marionetas 2’, una derivación de la gigantesca investigación de corrupción que inicialmente tuvo como principal protagonista al exsenador liberal Mario Castaño Pérez.
Barreto fue citado inicialmente a indagatoria para noviembre de 2025. La diligencia fue aplazada a solicitud de su defensa y posteriormente reprogramada para enero de 2026.
Los contratos de Prosperidad Social bajo la lupa
Uno de los principales frentes de investigación se concentra en convenios y contratos relacionados con Prosperidad Social.
La tesis de los investigadores es que habría existido una estructura mediante la cual personas con conexiones políticas intervenían para que determinados contratos terminaran favoreciendo a contratistas previamente seleccionados.
A cambio, según las investigaciones judiciales alrededor de ‘Marionetas’, podían producirse pagos de comisiones ilegales, comúnmente denominadas coimas, o beneficios políticos y electorales.
Dentro de este capítulo aparece Andrés José Ospina Rosales, quien, según la investigación de la Fiscalía, presuntamente se habría concertado con el senador Miguel Ángel Barreto y con Pierre García, exdirector de Prosperidad Social, alrededor de la adjudicación de contratos.
Precisamente, elementos surgidos de las investigaciones de la Fiscalía llevaron a compulsar copias a la Corte Suprema, debido a que este tribunal es competente para investigar penalmente a los congresistas por su condición de aforados constitucionales.
La Sala de Instrucción busca determinar si Barreto utilizó su posición como senador para intervenir indebidamente en procesos contractuales y si terceras personas terminaron beneficiándose de esas gestiones.
¿Qué fue el caso de ‘Las Marionetas’?
Para entender el expediente contra Barreto es necesario remontarse a ‘Las Marionetas’, una de las investigaciones por corrupción política y contratación pública más grandes de los últimos años en Colombia.
El centro de esa organización fue el entonces senador liberal Mario Castaño Pérez.
La Fiscalía y posteriormente la Corte establecieron la existencia de una estructura que buscaba controlar procesos de contratación pública en diferentes regiones del país.
La operación consistía, en términos generales, en identificar proyectos financiados con recursos públicos, intervenir en los procesos para favorecer determinados contratistas y posteriormente obtener porcentajes de los contratos adjudicados.
El entramado alcanzó alcaldías, entidades territoriales y organismos nacionales y permitió descubrir una red de intermediarios, contratistas, funcionarios y dirigentes políticos.
Castaño terminó reconociendo ante la Corte Suprema su responsabilidad como líder de una organización criminal que, entre 2020 y 2022, intervino en contratos de obras públicas para obtener beneficios económicos ilegales.
Fue condenado a prisión después de llegar a un acuerdo con la justicia.
Mario Castaño murió mientras cumplía su condena
Mario Castaño no alcanzó a cumplir la totalidad de la pena.
El exsenador falleció el 18 de noviembre de 2023, cuando tenía 51 años y se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
La causa reportada de su muerte fue un infarto agudo de miocardio.
Su fallecimiento, sin embargo, no cerró las investigaciones.
Los elementos probatorios obtenidos durante el proceso —interceptaciones, documentos, testimonios y declaraciones de personas involucradas— permitieron que las autoridades abrieran nuevas líneas investigativas.
De allí surgieron expedientes que comenzaron a ser denominados ‘Marionetas 2’.
Ciro Ramírez, otro senador que terminó involucrado
Uno de los nombres más importantes dentro de esta segunda fase fue el del entonces senador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez Cortés.
En diciembre de 2023, la Corte Suprema ordenó su captura dentro de una investigación por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La investigación sostuvo que Ramírez habría utilizado su posición como congresista para intervenir en el direccionamiento de contratos de obras públicas.
El expediente examinó 13 contratos relacionados con proyectos en Quindío y Tolima y las presuntas comisiones ilegales que se habrían generado alrededor de su adjudicación.
Ramírez permaneció aproximadamente un año y cuatro meses privado de la libertad en La Picota.
En mayo de 2025, la Corte ordenó su libertad al considerar que la medida preventiva ya no era necesaria para preservar las pruebas recopiladas durante la investigación.
El proceso, sin embargo, continuó.
En marzo de 2026, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó a más de 23 años de prisiónpor su participación en el entramado.
Ese antecedente resulta especialmente relevante porque corresponde al mismo gran capítulo investigativo sobre presunto direccionamiento contractual del que posteriormente surgió el expediente que involucra a Miguel Ángel Barreto.
Anderson González y Katherine Rivera
La investigación también alcanzó a contratistas, intermediarios y antiguos integrantes de unidades de trabajo legislativo.
Entre los procesados aparecen Anderson González y Katherine Rivera, esta última señalada como exasesora de Ciro Ramírez.
Ambos han sido llevados a juicio dentro de los expedientes derivados de las presuntas irregularidades contractuales.
La Fiscalía ha acusado a por lo menos cinco personas dentro de esta línea investigativa.
Uno de los nombres relevantes es el de Andrés José Ospina Rosales, señalado como una de las personas que habría participado en gestiones relacionadas con contratos y cuya actuación terminó proporcionando información para abrir otras investigaciones.
¿Qué ordenó la Corte?
La determinación conocida este jueves tiene tres componentes centrales.
Primero, Miguel Ángel Barreto continuará en libertad, pues la Corte no dispuso detención preventiva en establecimiento carcelario ni prisión domiciliaria.
Segundo, deberá someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica bajo responsabilidad del INPEC.
Y tercero, tendrá que constituir una caución por $40 millones y cumplir las restricciones establecidas por la Sala, entre ellas las relacionadas con el contacto con testigos de la investigación.
La vigilancia electrónica busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la justicia mientras continúa el proceso.
Barreto enfrenta otro proceso ante la Corte
‘Marionetas 2’ no es el único expediente judicial que ha involucrado al senador.
Desde 2022, Barreto también enfrenta un proceso por los presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, correspondiente a hechos distintos a los investigados en el entramado de contratación.
Cada expediente tiene independencia jurídica y deberá ser resuelto conforme a las pruebas incorporadas en el respectivo proceso.
¿Qué viene ahora?
La Sala Especial de Instrucción continuará practicando y evaluando pruebas.
Una vez concluida esa etapa deberá determinar si existen elementos suficientes para acusar formalmente a Miguel Ángel Barreto o, por el contrario, si corresponde precluir la investigación.
Si se produce una acusación, el expediente pasaría a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que sería la encargada de adelantar un eventual juicio.
Es el mismo esquema procesal que permitió separar la investigación y el juzgamiento en expedientes como el de Ciro Ramírez.
Por ahora, Barreto continúa siendo investigado y no existe una sentencia condenatoria en su contra por ‘Marionetas 2’.
¿Quién es Miguel Ángel Barreto?
Miguel Ángel Barreto Castillo es un político del Partido Conservador Colombiano con una trayectoria de más de una década en el Congreso.
Nació el 6 de abril de 1978 y creció en el Cañón del Combeima, zona rural de Ibagué. Es contador público de la Universidad de Ibagué y cuenta con formación de posgrado en Finanzas, Derecho Administrativo y otras áreas relacionadas con la gestión pública. También posee una maestría en Gobierno y políticas o desarrollo territorial y ha realizado estudios de alto gobierno, liderazgo y gestión en instituciones nacionales e internacionales.
Antes de llegar al Congreso trabajó en el sector público regional. Entre otros cargos, fue director financiero de Infibagué y posteriormente estuvo vinculado a actividades políticas y legislativas.
Su primera elección al Congreso ocurrió en 2014, cuando obtuvo una curul en la Cámara de Representantes por Tolima. Permaneció allí hasta 2018. Ese año dio el salto al Senado de la República y posteriormente consiguió la reelección para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.
Actualmente integra nuevamente el Senado por el Partido Conservador. Su trayectoria legislativa ha estado relacionada con asuntos de desarrollo regional, descentralización, servicios públicos, sector agropecuario, energía, medio ambiente y finanzas territoriales.
Ahora, mientras mantiene su curul para el periodo 2026-2030, el congresista deberá continuar atendiendo el proceso ante la Corte Suprema y cumplir la vigilancia electrónica, la caución de $40 millones y las demás restricciones impuestas por la Sala Especial de Instrucción.
La decisión constituye uno de los movimientos judiciales más importantes de los últimos meses dentro de ‘Marionetas 2’, una investigación que sobrevivió a la muerte de Mario Castaño y que, con el paso de los años, ha seguido revelando presuntas conexiones entre congresistas, funcionarios, contratistas e intermediarios alrededor del manejo de millonarios recursos públicos.