La Contraloría General de la República dio a conocer que la implementación de la Política Integral Migratoria (PIM) durante el periodo de 2018-2021 ha implicado un gasto o ejecución presupuestal débil y con algunos problemas para las entidades que manejan presupuestos y recursos en esa materia.
En el documento de la entidad se evalúa cómo se desenvolvieron las erogaciones fiscales durante ese periodo de tiempo para atender las distintas dinámicas migratorias que afectan al país, entre las que se destacan: el flujo migratorio proveniente de Venezuela; el flujo migratorio en tránsito o que está llegando a Colombia; los colombianos que retornan al país; y la población colombiana en el exterior.
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Un aspecto que resalta la entidad tiene que ver con que de los 2,72 billones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación que fueron destinados al PIM, el 99,10% de ese esa suma fue concentrada en la población venezolana. También señaló que la ejecución presupuestal para los colombianos retornados a cargo de Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Programa de Política Migratoria y Servicio al Ciudadano, sufrió una disminución en la asignación de los recursos en 81,73% en el año 2020, con ocasión de la emergencia derivada por la pandemia del Covid-19.
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Entre las entidades cuestionadas por la Contraloría se encuentra Migración Colombia, la cual no definió de forma concreta cuál fue su presupuesto implementado para atender el flujo migratorio. De la misma manera indicó que los aportes internacionales en materia migratoria con destino a la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC-Colombia) no fueron objeto de seguimiento financiero, dejando en duda al ente de control fiscal.
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Finalmente concluyó que hubo deficiencias en la identificación de necesidades prioritarias que padece la población migrante por parte del Gobierno Nacional, dejando de lado cuestiones sociales, de vivienda, salud, educación, entre otros, y que la implementación del PIM pese a constituirse como un referente internacional en materia de atención migratoria, sigue siendo necesario un reforzamiento presupuestal en el mismo.
