Bogotá. La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en un proyecto destinado a recuperar arrecifes coralinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La actuación está a cargo de la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, que identificó elementos que apuntarían a la posible existencia de un daño a los recursos públicos destinados a la recuperación de estos ecosistemas marinos.
El proyecto fue contratado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) con la Asociación de Municipios de la Costa (ASOMUCOSTA), mediante recursos financiados por el Fondo Nacional Ambiental (FONAM).
Dentro del proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales cinco servidores y exservidores públicos que habrían intervenido en las etapas de planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación del contrato, además del representante legal de la entidad contratista. La investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes frente al posible detrimento patrimonial.
La apertura del proceso se enmarca en las acciones de vigilancia adelantadas por la Contraloría a través de la estrategia Vuelta Colombia por el Control, iniciativa orientada a fortalecer el control fiscal e identificar riesgos en la gestión de los recursos públicos en los territorios.
El contralor general, Jorge Laverde Vargas, aseguró que el organismo continuará reforzando las labores de vigilancia en San Andrés para proteger los arrecifes coralinos, considerados fundamentales para el equilibrio ambiental del archipiélago.
Estos ecosistemas albergan cientos de especies marinas, contribuyen a proteger las costas frente a fenómenos climáticos extremos y son esenciales para la sostenibilidad de actividades económicas como el turismo y la pesca. Su deterioro representa una amenaza para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de los recursos naturales de las islas.
El proceso fiscal busca determinar si se produjo un daño al patrimonio público y establecer las responsabilidades que correspondan. La vinculación de los presuntos responsables no constituye, por sí sola, una declaración definitiva de responsabilidad fiscal.
