El Contralor General de la República, Jorge Laverde Vargas, anunció actuaciones de seguimiento y control fiscal a la contratación derivada de la urgencia manifiesta declarada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de pasaportes, con el propósito de vigilar los recursos públicos destinados a garantizar la continuidad de la producción, expedición y entrega de estos documentos a los ciudadanos dentro y fuera del país.
El Contralor General de la República, Jorge Laverde Vargas advierte que la contratación de emergencia estará sometida a control fiscal y que el pronunciamiento sobre la urgencia no exonera de responsabilidades por posibles irregularidades.
“Los colombianos deben tener la tranquilidad que las autoridades responsables están obligadas a garantizar la continuidad del servicio de pasaportes. Desde nuestras competencias de control fiscal, vigilaremos que los recursos destinados a atender esta urgencia se utilicen con transparencia, eficiencia y estricto cumplimiento de la ley”, manifestó el Contralor General.
El jefe del organismo de control enfatizó que la respuesta contractual de emergencia debe atender exclusivamente las necesidades indispensables para evitar la interrupción del servicio y respetar las decisiones judiciales.
El seguimiento fiscal comprenderá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, la razonabilidad de las cuantías y los plazos, la idoneidad del contratista y la autonomía de la contratación frente a los instrumentos suspendidos judicialmente. También se evaluará la procedencia de un seguimiento especial, conforme a las competencias de la Dirección de Vigilancia Fiscal.
El Contralor General destacó que se requiere a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente los contratos, sus antecedentes técnicos y financieros, las certificaciones de inventario, los soportes presupuestales y la documentación que acredite el avance de la contratación.
«La solución de emergencia debe estar acompañada de una solución permanente. La Cancillería debe avanzar de inmediato en la estructuración de la licitación pública, con cronograma, responsables y seguimiento, para que la continuidad del servicio no dependa indefinidamente de medidas excepcionales”.
Durante más de una década, la elaboración de los pasaportes colombianos estuvo a cargo de la firma Thomas Greg & Sons, empresa que, mediante distintos contratos suscritos con el Estado, asumió la producción, personalización y distribución de estos documentos tanto dentro del país como en los consulados en el exterior.
Sin embargo, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro surgieron controversias alrededor del proceso de contratación para la expedición de pasaportes. La Cancillería decidió no continuar bajo el mismo esquema contractual y promovió cambios orientados a buscar una mayor participación estatal y nuevas alternativas para la producción de estos documentos. Las decisiones adoptadas dieron lugar a disputas administrativas, demandas judiciales y fallos de diferentes instancias que afectaron la planeación del servicio, generando incertidumbre sobre la transición entre operadores y encendiendo las alertas frente al riesgo de una eventual interrupción en la expedición de pasaportes. Este escenario llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a declarar una urgencia manifiesta con el fin de garantizar la continuidad del servicio mientras se define un mecanismo contractual definitivo.
