La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su Observatorio de Conflictividad Social, ha destacado un notorio incremento del 34% en los eventos de conflicto social en los primeros ocho meses del 2023, en comparación con el mismo período del año anterior.
En total, se han registrado 1080 conflictos sociales que se han desarrollado en 310 municipios ubicados en 30 departamentos diferentes del país. Bogotá lidera con el 15% de los sucesos, seguida por Magdalena, Bolívar, Santander y Antioquia, todos con una participación cercana al 7%.
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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo hincapié en la importancia de la prevención temprana para evitar que las demandas de las comunidades se conviertan en eventos de conflicto, que en algunos casos se han tornado incontrolables y han afectado directamente a la población.
El informe reveló que los meses de mayo y julio fueron los más críticos, con un total de 165 y 169 eventos respectivamente; en lo que respecta a las formas de protesta, los bloqueos de rutas representaron el 40% de los eventos, seguidos por los plantones (28%), las marchas (13%), los paros cívicos (7%), y la toma de instalaciones (4%). Solo en el 10% de estos eventos se registraron disturbios.
El informe de la Defensoría del Pueblo resaltó la necesidad de un seguimiento riguroso por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos firmados en mesas de diálogo con comunidades y organizaciones sociales. La prevención de nuevas conflictividades que puedan desencadenar violencia o alteraciones del orden público debe ser una prioridad para todas las instituciones.
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En cuanto al papel de la Defensoría del Pueblo, se ha destacado su aumento del 120% en su participación como mediador y garante de derechos humanos en mesas de diálogo durante los primeros ocho meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.
En conclusión, se espera que la manifestación de conflictos sociales continúe en lo que resta del año, relacionados con una variedad de temas que van desde proyectos legislativos hasta el proceso electoral, la Defensoría del Pueblo se compromete a seguir impulsando espacios de diálogo y concertación entre los diferentes actores sociales e institucionales para buscar soluciones a las demandas ciudadanas y garantizar los derechos humanos.