Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, aceptando los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Este acuerdo, que aún debe ser revisado por un juez, contempla una condena de siete años de prisión, una multa superior a los 3.000 millones de pesos y la devolución de 724 millones como parte del dinero que se apropiearon ilegalmente de la institución.
En sus declaraciones ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Lopez destapó una serie de reuniones y acuerdos oscuros que vinculan directamente a congresistas y altos funcionarios del Gobierno. Según el exdirector, parte del desfalco se planificó en septiembre de 2023 en una reunión en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Allí, afirmó, se orquestó la entrega de millonarios recursos públicos con fines políticos.
Según el exfuncionario en septiembre de 2023, en una reunión con el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González. Se acordó la entrega de 3.000 millones de pesos, canalizados a través de la emisaria Sandra Ortiz, para el senador Iván Name. En otra reunión en Palacio, donde Ortiz estuvo presente, se solicitó que entregará 1.000 millones de pesos al representante a la Cámara Andrés Calle”.
Estas declaraciones no solo apuntan a un presunto saqueo sistemático de la UNGRD, sino que también sugieren un esquema de financiación ilícita de reformas impulsadas en el Congreso. La magnitud de estas revelaciones pone bajo la lupa no solo a los implicados mencionados, sino a la estructura misma del uso de recursos públicos con fines políticos en el país.
El ente de control imputó a Olmedo López y Sneyder Pinilla por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ambos exfuncionarios, que han aceptado colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales, han aportado detalles sobre el funcionamiento interno de la red de corrupción que, según sus testimonios, involucraría a altos funcionarios y congresistas.
Por ahora, el preacuerdo está pendiente de la aprobación de un juez de conocimiento, y la eventual firma de un principio de oportunidad deberá ser autorizada por la fiscal general Luz Adriana Camargo. Este último podría abrir la puerta a nuevas confesiones que comprometan a más actores en el entramado de corrupción.