En el caso penal que se sigue a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que el proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito permanecerá por competencia en el juzgado de Barranquilla.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla en cabeza del juez Hugo Jr Carbonó, será el encargado de continuar el juicio contra Nicolás Petro Burgos. La Corte Suprema fundamentó su decisión en la ubicación de los presuntos ilícitos, señalando que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de los delitos y los más graves, incluyendo el lavado de activos, tuvieron lugar en la capital del Atlántico.
La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados es claro que aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de los presuntos ilícitos, habrían ocurrido en Barranquilla.
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Cabe recordar que la audiencia de acusación fue suspendida luego de la intervención del abogado defensor Sebastián García Rincón quien solicitó cambiar la jurisdicción del juzgado, de Barranquilla a Bogotá, manifestando que el delito de Lavado de Activos que sería el más grave en su mayoría de hechos se habría cometido en Bogotá donde recibió la mayor cantidad de dinero.
El juez Hugo Jr Carbonó al momento de anunciar que enviaba el proceso a la Corte Suprema, manifestó que en el caso que el Alto Tribunal decidiera devolver el proceso a su juzgado de Barranquilla le compulsaría copias a los abogados defensores al considerar la solicitud de colisión de competencia territorial como una presunta maniobra dilatoria.
Así las cosas la Corte Suprema acoge la solicitud del fiscal delegado Mario Andrés Burgos de seguir con el proceso en la ciudad de Barranquilla, quien sostuvo que los bienes adquiridos con el dinero supuestamente recibido por el acusado se encontraban en su mayoría en Barranquilla y no a la defensa de Nicolás Petro, que argumentó que la mayoría de los delitos supuestamente cometidos por el exdiputado del Atlántico ocurrieron en Bogotá.
El proceso en la Sala de Casación Penal fue asignado al despacho de la magistrada Myriam Ávila Roldán, ponencia que fue acogida de manera unanime por los magistrados de la sala.
La decisión, tomada de manera unánime, representa un capítulo crucial en la batalla jurídica que ha trascendido en la relación del Presidente Gustavo Petro y el Fiscal General, Francisco Barbosa.