Villa de Leyva, Boyacá. El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue capturado en la mañana de este jueves 7 de mayo de 2026 por agentes del CTI de la Fiscalía, cuando llegaba a la sede de la administración municipal, ubicada en inmediaciones de la plaza principal del municipio.
De acuerdo con los primeros reportes, el mandatario local fue abordado por funcionarios judiciales tras descender de su vehículo oficial, cerca del edificio administrativo y del Museo Acuña. Posteriormente fue trasladado hacia Bogotá, donde se adelantarán las audiencias preliminares y la legalización de captura en el búnker de la Fiscalía.
La captura se habría realizado en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. El proceso está a cargo de la Fiscalía 74 Especializada de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Gamboa sería investigado por los delitos de concusión y prevaricato por acción. La Fiscalía indaga si el alcalde habría realizado presuntas exigencias económicas para facilitar la expedición de una licencia de construcción.
De manera simultánea, las autoridades adelantan inspecciones judiciales en las áreas de Planeación y Jurídica de la Alcaldía de Villa de Leyva, además de la recepción de declaraciones juramentadas dentro del proceso investigativo.
Este no es el único proceso que enfrenta el mandatario. El 20 de enero de 2026, la Fiscalía le había imputado cargos como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades. Ese caso está relacionado con un contrato de prestación de servicios para la supervisión de maquinaria amarilla, en el que, según el ente acusador, no se habrían respetado los principios de planeación y selección objetiva.
Víctor Alfonso Gamboa Chaparro es economista y asumió como alcalde de Villa de Leyva el 1 de enero de 2024. Antes de llegar al cargo, tuvo experiencia en entidades públicas, entre ellas la Contraloría de Bogotá, la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.