Un nuevo capítulo se abre en el caso del supuesto cartel de los carros blindados. El pasado 27 de marzo, el Juzgado 62 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá ordenó la nulidad de parte del proceso adelantado por la entonces fiscal Angélica Monsalve. Esta decisión marca un giro inesperado en la investigación que desde 2022 ha señalado a empresarios, intermediarios y oficiales de la Policía en retiro y activos por presuntas irregularidades en la adquisición de vehículos blindados para el Estado.
El escándalo estalló en septiembre de 2022 cuando se conocieron detalles sobre supuestos acuerdos en la compra de camionetas blindadas en nueve entidades estatales. Desde entonces, las investigaciones apuntaban a una posible red de corrupción que involucraba a empresarios como Martín Manjarrés Cabezas y su socio Yonn Jairo García, quienes fueron señalados de delitos como concierto para delinquir, cohecho, acuerdos restrictivos de la competencia, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias.
La entonces fiscal Angélica Monsalve, quien estuvo al frente del caso, denunció haber recibido presiones por estar involucrando a figuras de poder en la investigación. Sin embargo, en enero de este año, Monsalve presentó su renuncia argumentando que no podía seguir avalando actuaciones que, según ella, contradecían los principios de justicia y moralidad que debía representar la Fiscalía.
La decisión de nulidad
La decisión de la juez María Isabel Ferrer Rodríguez, estableció que el proceso contenía irregularidades graves desde la audiencia de formulación de imputación realizada el 7 de octubre de 2022. Según la funcionaria, la Fiscalía no logró establecer con claridad los cargos imputados, lo que dejó a los procesados en una situación de incertidumbre jurídica.
«Luego de la verificación extensa y pormenorizada que se hizo del presupuesto fáctico explicado por la Fiscalía en la formulación de imputación, no hay duda que la comunicación de cargos no cumple con lo mínimo para ser tenida como tal, especialmente, porque el proceder de la fiscalía dejó a los procesados en un altísimo grado de indeterminación, al punto que, ni siquiera restructurando lo comunicado se pueden reconstruir los hechos jurídicamente relevantes; así las cosas, el único cause por navegar es el de decretar la nulidad de todo lo actuado, inclusive, de la formulación de imputación realizada el 7 de octubre de 2022, «, indicó la juez en su fallo, enfatizando que ni siquiera una reestructuración del proceso permitiría reconstruir los hechos jurídicamente relevantes.
Implicaciones de la nulidad
Con esta determinación, todo lo actuado desde la formulación de imputación queda anulado y el expediente será remitido al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para su redistribución y eventual reinicio del proceso. La decisión abre una gran interrogante sobre el futuro de la investigación y las pruebas recopiladas hasta el momento.
Marlon Díaz, abogado defensor de Manjarrez argumentó que la defensa siempre señaló falencias estructurales en la imputación y que la decisión judicial confirma sus advertencias.
¿Qué sigue en el caso?
Si bien la decisión del Juzgado 62 Penal del Circuito representa un duro revés para la Fiscalía, el ente acusador aún puede intentar reconstruir el caso con nuevas estrategias y pruebas
