Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República puso en evidencia serias deficiencias en el sistema de control sobre las Cajas de Compensación Familiar en Colombia.
El informe concluye que existen vacíos normativos y debilidades operativas que están afectando de manera directa la eficacia y eficiencia de las medidas cautelares impuestas por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Según el análisis, estas falencias han incidido en los resultados de las intervenciones realizadas en distintas regiones del país, donde las medidas adoptadas no han logrado, en muchos casos, los objetivos propuestos. La Contraloría evaluó 24 medidas cautelares implementadas entre 2019 y 2023 y encontró que más de la mitad no alcanzaron niveles satisfactorios de desempeño, lo que refleja debilidades estructurales en la forma en que se están aplicando estos mecanismos de control.
El informe también identificó que las principales causas que originan las intervenciones están relacionadas con crisis financieras —especialmente en el sector salud—, así como con fallas administrativas, legales y de gobierno corporativo dentro de las cajas. La situación se agrava por la insuficiencia de recursos y las restricciones legales sobre el uso de los aportes parafiscales, lo que limita la capacidad de recuperación de estas entidades.
Uno de los puntos más críticos señalados por el organismo de control es la ausencia de límites temporales en las medidas cautelares, lo que ha permitido que algunas se extiendan durante años sin resultados concretos. A esto se suma la falta de criterios claros, causales definidas y procedimientos específicos en la normativa vigente, lo que podría dar lugar a decisiones discrecionales y prácticas inequitativas.
Este panorama llevó a la Corte Constitucional de Colombia a intervenir. Mediante la Sentencia C-298 de 2025, el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad diferida de varias disposiciones del régimen actual y ordenó al Congreso expedir una nueva ley antes del 21 de junio de 2027, con el fin de establecer un marco más claro, transparente y eficaz para la intervención de las Cajas de Compensación.
En la actualidad, 13 de las 42 cajas del país se encuentran bajo algún tipo de medida cautelar, lo que evidencia la magnitud del problema. La Contraloría aseguró que continuará haciendo seguimiento a esta situación y adelantando nuevos estudios para evaluar el impacto de los cambios ordenados por la Corte.
El informe deja en evidencia una problemática de fondo en el sistema del subsidio familiar en Colombia, donde la falta de reglas claras y herramientas efectivas de control está comprometiendo no solo la estabilidad de las entidades, sino también la prestación de servicios a millones de ciudadanos.
