Una jueza especializada de Bogotá avaló los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y dos de los principales articuladores del atentado contra el senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ambos aceptaron su responsabilidad en la planeación y ejecución del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025.
La justicia colombiana dio un paso clave en el esclarecimiento del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, luego de que una jueza Novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá avalara los preacuerdos alcanzados entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, señalados de coordinar y articular el ataque armado perpetrado hace más de un año en la capital del país.
Con la decisión judicial, ambos procesados aceptaron su responsabilidad penal en los hechos y recibirán condenas superiores a los 21 años de prisión. Alias “Chipi” fue sentenciado a 26 años y 3 meses de cárcel, mientras que alias “El Hermano” deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses de prisión, de acuerdo con los términos pactados con el ente acusador.
Aceptación de responsabilidad
La Fiscalía General de la Nación informó que los dos procesados reconocieron su participación en la coordinación del magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
Según el organismo investigador, la aceptación de cargos se produjo en virtud de un preacuerdo judicial sustentado en las pruebas recopiladas por el Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.
Los condenados respondieron por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
El papel de alias “Chipi” en la acción criminal
De acuerdo con la investigación, Elder José Arteaga Hernández habría desempeñado un papel central en la planificación del ataque.
La Fiscalía sostuvo que alias “Chipi” fue quien diseñó el plan criminal y distribuyó funciones entre los diferentes participantes antes, durante y después del atentado. Asimismo, habría realizado labores de vigilancia sobre la víctima y verificaciones previas en el lugar donde finalmente ocurrió el ataque.
«Los procesados organizaron varias reuniones en la localidad de Bosa y en otros puntos de la ciudad, con el propósito de planear las actividades relacionadas con el atentado. El día de los hechos, cada uno asumió un rol específico.
Arteaga Hernández diseñó el plan criminal y asignó las funciones a los demás implicados antes, durante y después del ataque. Adicionalmente, realizó labores de seguimiento a la víctima y verificaciones previas del lugar donde ocurriría el ataque. También entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay y supervisó de cerca la ejecución de la acción criminal» Fiscalía
Las autoridades también le atribuyen la entrega del arma de fuego al menor de edad que ejecutó los disparos contra el senador y la supervisión directa de la operación criminal.
Durante la audiencia, la jueza destacó que la pena acordada no constituye una sanción simbólica, sino una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos.
“Se trata de una sanción grave que refleja la magnitud del crimen y que tiene un efecto ejemplarizante”, señaló la funcionaria judicial al referirse a los 315 meses de prisión impuestos a Arteaga Hernández.
Alias “El Hermano” facilitó la huida de los implicados
La investigación también estableció la participación de William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, en la logística posterior al ataque.
Según la Fiscalía, el procesado permaneció dentro de un vehículo ubicado a pocas cuadras del parque El Golfito, escenario donde se produjo el atentado, y desde allí habría coordinado la salida de varios de los involucrados.
«González Cruz permaneció a bordo de un vehículo, a pocas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se perpetró el ataque, y facilitó la huida de otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe. Igualmente, vendió uno de los teléfonos celulares empleados para coordinar y ejecutar el atentado, con el fin de entorpecer las labores investigativas de las autoridades» Fiscalía
Posteriormente, facilitó el desplazamiento de los participantes hasta un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe de Bogotá.
Las autoridades determinaron además que González Cruz vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar la acción criminal, con el propósito de obstaculizar las labores investigativas y dificultar la identificación de los responsables.
Al avalar el acuerdo, la jueza concluyó que la pena de 261 meses de prisión, equivalente a 21 años y 9 meses de cárcel, se ajusta a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables a este tipo de negociaciones judiciales.
Reuniones previas y planeación del atentado
La Fiscalía reveló que la estructura criminal realizó varias reuniones en la localidad de Bosa y otros sectores de Bogotá con el objetivo de coordinar cada una de las fases del atentado.
Las pesquisas permitieron reconstruir los movimientos de los implicados y establecer que cada participante tenía una función específica dentro de la organización encargada de ejecutar el ataque contra Uribe Turbay.
Los investigadores consideran que las acciones desplegadas por alias “Chipi” y alias “El Hermano” fueron determinantes para la consumación del crimen, razón por la que fueron catalogados como articuladores fundamentales de la operación.
Víctimas apelaron la decisión
A pesar del aval judicial, la decisión no estuvo exenta de controversia. La representación de las víctimas, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, interpuso recurso de apelación contra la aprobación del preacuerdo.
La defensa de las víctimas argumentó que alias “Chipi” no realizó un aporte suficiente al esclarecimiento total de los hechos y cuestionó la proporcionalidad de los beneficios otorgados dentro de la negociación con la Fiscalía.
Mosquera sostuvo además que el procesado tuvo oportunidades para apartarse de la ejecución del crimen y que la sanción acordada no satisface plenamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
No obstante, la jueza concluyó que los acuerdos cumplían los requisitos legales exigidos por la legislación colombiana y que las penas pactadas reflejan la gravedad de los delitos aceptados.
Un caso que sigue generando repercusiones
La aprobación de los preacuerdos representa uno de los avances más importantes en el proceso judicial por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, un hecho que conmocionó al país y provocó una amplia reacción de rechazo por parte de distintos sectores políticos y sociales.
Con la aceptación de responsabilidad de alias “Chipi” y alias “El Hermano”, la Fiscalía fortalece la línea investigativa que permitió identificar a los presuntos coordinadores de la acción criminal. Sin embargo, la investigación continúa para determinar la totalidad de los responsables, esclarecer las motivaciones detrás del ataque y establecer si existieron autores intelectuales que aún no han sido judicializados.
