La Defensoría del Pueblo ha registrado un alarmante aumento del 139% en los casos de trata de personas durante el primer cuatrimestre del año en curso en comparación con el mismo período del año anterior.
Con cerca de 80 casos atendidos en lo que va del año, la institución ha hecho un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra este delito.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha expresado su preocupación por el incremento significativo de este fenómeno y ha instado a todas las entidades que integran el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas a cumplir rigurosamente con lo establecido en la Ley 985 de 2005, que contempla medidas para combatir este crimen y proteger a las víctimas.
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Una de las preocupaciones principales de la Defensoría es el subregistro de casos, dado lo complejo que resulta denunciar la trata de personas. Es por ello que se ha lanzado el ‘Observatorio Defensorial para el Análisis de Trata de Personas’, una iniciativa destinada a recopilar información de diversas entidades con el objetivo de visibilizar la atención a las víctimas y fomentar la denuncia.
Según datos proporcionados por la entidad, el 62% de los casos atendidos en el primer cuatrimestre del año están relacionados con la explotación sexual, evidenciando la urgencia de abordar este tipo de violencia de género; los lugares donde persiste este delito incluyen Norte de Santander, Chocó, Meta, Valle del Cauca y Cundinamarca, siendo necesario un mayor seguimiento y acción por parte de las autoridades locales y regionales.
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Entre 2020 y 2023, la Defensoría del Pueblo atendió un total de 279 casos de trata de personas en Colombia, con una concentración significativa en Norte de Santander, Bogotá, Bolívar, Caldas, Antioquia y Valle del Cauca. La institución continuará su labor en la representación legal de las víctimas, buscando el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados.
Ante este preocupante panorama, es imperativo que las autoridades gubernamentales, departamentales y municipales redoblen sus esfuerzos en la prevención y combate de la trata de personas, así como en la protección y asistencia a las víctimas afectadas por este flagelo.
