En una rueda de prensa el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto a varios secretarios distritales, expresó su preocupación y rechazo a la resolución «Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá«, recientemente publicada por el Gobierno Nacional. Según Galán, esta resolución pone en peligro importantes proyectos de infraestructura en la ciudad y vulnera la autonomía territorial de la capital.
“Pedimos que se retire esta resolución o, de lo contrario, recurriremos a acciones legales, tanto administrativas como penales«, afirmó el mandatario. Galán fue tajante al señalar que la norma atentaría contra la ley, la Constitución y las decisiones previas de la Corte Constitucional, al imponer restricciones que afectarían proyectos vitales para el desarrollo y movilidad de Bogotá.
Uno de los principales puntos de conflicto señalado por Galán es que la resolución pone en riesgo obras clave como la Línea 1 del metro, el Regiotram, la ampliación de la Autopista Norte, y el aeropuerto El Dorado, entre otros. Estas iniciativas, necesarias para mejorar la movilidad y el desarrollo económico de la región, podrían quedar paralizadas al quedar ubicadas en zonas de humedales protegidas por la normativa.
Por otro lado, Galán criticó la manera en que se ha llevado a cabo el proceso, denunciando que lo presentado como una consulta pública no fue tal, sino una “publicación obligatoria” que disfraza un proceso que, según él, es ilegal e inconstitucional. Además, destacó la falta de diálogo con el Gobierno Nacional, recordando que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, nunca atendió los llamados de la Alcaldía para discutir el tema.
Vea aquí las declaraciones el Alcalde Carlos Fernando Galán:
El conflicto no se limita a la capital. Los estudios avanzados en la ampliación de la vía Suba-Cota, el Ferrocarril de la Sabana y otros proyectos estratégicos también se verían afectados según el mandatario. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) advirtió que la paralización de estos proyectos podría impactar negativamente la infraestructura y la movilidad regional, además de generar incertidumbre sobre la propiedad de miles de predios que quedarían dentro de zonas de conservación, afectando tanto a ciudadanos como a empresas.
En contraposición, el Ministerio de Ambiente asegura que la resolución busca establecer un ordenamiento territorial que promueva un desarrollo económico y urbano sostenible, delimitando áreas de conservación y promoviendo la protección ambiental.
El mandatario capitalino subrayó que la normativa propuesta vulnera el principio de autonomía territorial, ya que, según él, se omite la consulta adecuada con Bogotá y otras autoridades locales, tal como exige la ley.
«Pedimos que se retire esta resolución o acudiremos a acciones legales de tipo administrativo y penal».
