A la cárcel secretario Gob Meta, Hernán Gómez por corrupción.

Los hechos de corrupción se presentaron en la contratación de obras públicas en municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca. De manera paralela al proceso penal, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 32.000 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.

De igual manera, fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego. Los elementos de prueba indican que estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales. La actuación del exsecretario y dos de los contratistas, al parecer, generaron un detrimento superior a 70.000 millones de pesos.

En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos. En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público.

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La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades. El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos. Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.