La norma creará juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional.
La ley que define los límites de la jurisdicción agraria está siendo discutida en este momento en el Congreso de la República. La iniciativa definirá las competencias de los juzgados agropecuarios; además, delimitará las funciones de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Agrarios y Rurales y los Juzgados Agrarios y Rurales, con el propósito de atender de manera especializada los conflictos relacionados con la tierra y la producción agraria.
“Este es un proyecto muy importante; no solo fue una de las promesas del presidente Gustavo Petro en la campaña, sino que también resuelve los conflictos del campo a los que nunca nadie les había puesto cuidado. Tener unos jueces especializados que puedan resolver los conflictos de pertenencia, titularidad y disputas menores en última instancia, no solo es un gran avance, sino que contribuye a la paz y a la presencia del Estado en los territorios”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Esta iniciativa, que ya cursa su tercer debate en el Congreso de la República, ha pasado por un largo camino que está a punto de terminar. En cabeza del Ministerio del Interior se aprobó la reforma constitucional que permitió su creación como figura jurídica, además de la ley estatutaria. Esta última contó con la revisión de la Corte Constitucional, que avaló la mayoría de los artículos del proyecto y remitió el texto ajustado para sanción presidencial.
La norma dispone la creación de juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional; centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural, que brindarán soporte pericial y acompañamiento especializado; facilitadores agrarios y rurales que orientarán a la ciudadanía en el acceso a la justicia en asuntos de tierras; y procesos de elección por méritos, que priorizan conocimientos en derechos fundamentales campesinos, enfoques étnicos, de género y territoriales.
Las máximas instancias de la jurisdicción serán la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, para asuntos entre particulares; y el Consejo de Estado, para controversias entre particulares y el Estado. Algunos de los conflictos que deberá resolver la jurisdicción son: uso y tenencia de la tierra; contratos de aparcería y otros contratos agrarios; lanzamientos por ocupaciones de hecho; uso de recursos comunales en predios agrarios; posesión de predios rurales; servidumbres agrarias y las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
Esta iniciativa se convierte en la materialización de la promesa del presidente de la República Gustavo Petro, para transformar las condiciones de vida en el campo y hace parte de un trabajo macro en materia de política de tierras, formalización y restitución adelantada por el Ministerio de Agricultura.