La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con este paso, el caso entra en etapa de juicio contra los dos exfuncionarios, investigados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
El escrito de acusación, que tiene 287 páginas, la Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco habrían tenido un papel directivo dentro de una estructura ilegal que operó entre 2023 y 2024. La tesis del ente acusador es que en ese periodo se habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos en proyectos y contratos para obtener apoyos políticos en el Congreso.
En el escrito la Fiscalía afirma que los exministros “se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”. En otro de los fragmentos el ente investigador señala que “ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”.
La acusación también recoge que las conductas investigadas “consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”. En esa misma línea, la Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”, y que en ese supuesto entramado “plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”.
De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el presunto esquema habría incluido el direccionamiento de 79 proyectos, de los cuales 74 corresponderían a Invías y cinco a la UNGRD. La Fiscalía sostiene que esos convenios y proyectos habrían sido utilizados como mecanismo de intercambio político para fortalecer mayorías legislativas en favor de iniciativas del Gobierno.
Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos
En paralelo con la radicación del escrito de acusación, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 7 de abril de 2026 la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos. La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, al considerar que al momento de instalarse la audiencia la Fiscalía aún no había presentado formalmente el escrito de acusación dentro del plazo legal.
Durante la audiencia, la magistrada indicó que se cumplía el presupuesto para conceder la libertad por vencimiento de términos, al señalar que, para cuando la defensa formuló la solicitud, el escrito de acusación todavía no había sido radicado. La decisión no implica una absolución ni pone fin al proceso penal: Bonilla sigue vinculado a la investigación y al juicio que deberá adelantar la Corte Suprema. La Fiscalía y otras partes anunciaron recursos contra la determinación.
Bonilla y Velasco habían sido enviados a detención preventiva en diciembre de 2025, mientras avanzaban las investigaciones por su presunta participación en el entramado de corrupción. En esa etapa, la Fiscalía sostuvo que, pese a que ya no ejercían cargos públicos, persistían riesgos para el proceso por la supuesta existencia de redes políticas y administrativas que podían operar a través de terceros.
Contexto del caso UNGRD
El caso de la UNGRD es considerado uno de los expedientes de corrupción más delicados del actual periodo de gobierno. La investigación comenzó por denuncias sobre irregularidades contractuales, sobrecostos y manejo discrecional de recursos en la entidad, pero luego se amplió hacia una presunta red de direccionamiento de contratos y convenios con fines políticos.
Con el avance de las pesquisas, el expediente ha involucrado a exdirectivos de la UNGRD, exasesores, congresistas y altos exfuncionarios del Gobierno. El eje central de la tesis de la Fiscalía es que no se trató de hechos aislados, sino de una estructura que habría usado recursos públicos para influir en votaciones y consolidar apoyos en el Congreso.
