La audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos volvió a concentrarse en un punto decisivo: qué pruebas llegarán realmente al juicio oral por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esta etapa, dirigida por el juez Hugo Carbonó en Barranquilla, la defensa y la Fiscalía mantienen un pulso jurídico sobre la legalidad de varios elementos probatorios que podrían definir el rumbo del caso.
Durante la jornada, el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, insistió en pedir la exclusión del celular de Daysuris Vásquez, una de las piezas más sensibles del expediente. Según su tesis, ese dispositivo y su contenido estarían afectados por irregularidades desde el origen, lo que impediría garantizar la autenticidad de la información extraída y, por tanto, su uso en juicio. Carranza sostuvo ante el despacho que el problema no es menor, porque se trata de un soporte que la Fiscalía considera central para sustentar la acusación.
La defensa alegó varias fallas concretas. Entre ellas, que no existiría constancia de una copia espejo ni de un hash calculado al momento de la entrega del equipo, procedimientos técnicos que sirven para preservar y verificar la integridad de la evidencia digital. En palabras del abogado, la “cadena de custodia del contenido digital” habría nacido viciada, y además no habría claridad sobre qué decisión judicial autorizó el paso de esa información de un proceso a otro.
Carranza también cuestionó la forma en que el aparato llegó a manos de la Fiscalía. Ya en una audiencia anterior, reanudada el 23 de febrero, había sostenido que el celular entregado por Day Vásquez fue obtenido “sin control judicial” y que el procedimiento se adelantó cuando, según su postura, ni siquiera existía una investigación formal contra Nicolás Petro. En esa línea, insistió en que el consentimiento dado para acceder al dispositivo no sanea las presuntas irregularidades de origen.
Otro frente de la defensa se concentró en el celular de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro. Allí el argumento fue distinto: Carranza pidió que también se excluya esa evidencia y los demás elementos obtenidos durante la captura de julio de 2023, al afirmar que en ese procedimiento se habrían vulnerado derechos fundamentales de Ojeda, quien estaba embarazada. Según lo reportado sobre la audiencia, el abogado sostuvo que hubo un trato humillante y pidió al juez aplicar un enfoque reforzado de protección a la mujer gestante, advirtiendo que no se debería “premiar” a la Fiscalía con pruebas obtenidas en medio de un presunto abuso del procedimiento.
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La defensa, además, ha venido atacando otros soportes de la acusación. En la audiencia preparatoria se discutieron también informes de policía judicial, interceptaciones, testimonios y documentos cuya pertinencia y legalidad siguen bajo examen. La Procuraduría, por ejemplo, ha respaldado que algunas declaraciones previas de Nicolás Petro no sean llevadas al juicio y también ha defendido que el testimonio de Ricardo Roa no sea incorporado, al considerar que la campaña presidencial no es el objeto directo de este proceso penal.
En términos procesales, lo que sucedió en la audiencia no resolvió aún el fondo del caso, pero sí mostró que la estrategia de la defensa apunta a debilitar la base probatoria de la Fiscalía antes de que arranque el juicio oral. Si el juez acepta excluir alguno de esos elementos —en especial el celular de Day Vásquez— el expediente podría perder una de sus pruebas más visibles. Si, por el contrario, los mantiene, la acusación llegaría al juicio con un soporte más robusto.
El contexto del caso
Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta este proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso se abrió tras los señalamientos de su expareja, Day Vásquez, y tomó fuerza en 2023 con la captura de ambos. Vásquez luego negoció un principio de oportunidad parcial con la Fiscalía, lo que le permitió convertirse en testigo contra Nicolás Petro dentro de este expediente.
La hipótesis de la Fiscalía, expuesta desde las primeras etapas del caso, es que Nicolás Petro habría recibido sumas de dinero no justificadas y que esos recursos habrían sido destinados en parte a gastos y bienes personales, en un esquema que terminó dando lugar a los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el debate público, el caso también ha estado ligado a los nombres de Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, mencionados como personas que habrían entregado dinero.
El expediente, sin embargo, ha tenido varios giros. Por un lado, el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito ha avanzado lentamente en la fase preparatoria. Por otro, Nicolás Petro enfrenta un segundo proceso relacionado con presuntas irregularidades contractuales cuando fue diputado del Atlántico, un caso distinto al que ahora se discute en Barranquilla. Esa coexistencia de procesos ha añadido complejidad política y judicial a su situación.
Por ahora, lo más relevante de la audiencia preparatoria es que la defensa dejó planteada una ofensiva integral para excluir pruebas que considera ilegales o contaminadas. El juez deberá resolver si esas objeciones prosperan. De esa decisión dependerá buena parte del mapa probatorio con el que la Fiscalía y la defensa llegarán al juicio oral contra Nicolás Petro Burgos.
