La tragedia aérea de Puerto Leguízamo, Putumayo, se convirtió en una de las jornadas más dolorosas del año para las Fuerzas Militares y para el país. Con el paso de las horas, el balance oficial fue aumentando: en los primeros reportes se habló de una cifra preliminar de fallecidos de 34 y va ascendiendo a 44 víctimas fatales, según el más reciente consolidado conocido por las autoridades departamentales y militares. La aeronave siniestrada, un C-130H Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, transportaba 128 personas, entre ellas integrantes de la FAC, del Ejército Nacional y de la Policía.
El accidente ocurrió en la mañana del 23 de marzo de 2026, poco después del despegue de la aeronave desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís. De acuerdo con los reportes divulgados durante la jornada, el avión cayó alrededor de un minuto después de iniciar el vuelo, sin alcanzar la altura necesaria. La emergencia se produjo en zona rural, en medio de una operación de rescate compleja, marcada por el fuego, la dispersión de restos y la necesidad de evacuar a decenas de heridos en condiciones críticas.
La dimensión humana del siniestro se fue revelando de manera fragmentada. Primero se habló de cifras menores, luego de 34 fallecidos, y más tarde, con el avance de las labores de búsqueda, rescate e identificación, el número subió a 44 muertos. Según el balance citado por las autoridades, 33 cuerpos ya habían sido trasladados a la morgue para su proceso de identificación, uno permanecía en un dispensario y otros siguen en el lugar del accidente. El mismo reporte añadía que todavía había 26 cuerpos por encontrar, lo que mostraba que, aun entrada la tarde, la escena seguía siendo un territorio de búsqueda y dolor.
El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmó además que una parte importante de las víctimas aún no había podido ser plenamente identificada. El mandatario señaló que 21 de los fallecidos seguían sin identificación, mientras continuaban las labores forenses y de traslado.
En el Hércules viajaban 110 militares y 11 tripulantes, y que entre ellos había miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército Nacional y al menos dos policías. En los primeros balances, el gobernador había señalado precisamente que todos los pasajeros correspondían a esas instituciones. Esa composición convirtió el siniestro no solo en una tragedia aérea, sino en un golpe directo a la estructura operativa de la fuerza pública en una región estratégica del sur del país.
Junto al aumento de víctimas fatales, también creció la cifra de lesionados. Los balances conocidos durante el día hablaron de más de 70 heridos; en uno de los reportes se detalló que 48 fueron remitidos al Hospital Militar en Bogotá, 12 al Hospital María Inmaculada de Florencia y 10 quedaron en el dispensario de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo. El traslado de los heridos se convirtió en otra carrera contrarreloj, en la que cada minuto era decisivo para salvar a quienes sobrevivieron al impacto y al incendio posterior.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que la emergencia se agravó por el fuego que siguió a la caída. Según dijo, tras el impacto se produjo un incendio y parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo que dificultó las labores de rescate. El ministro también señaló que, por ahora, no hay indicios de un ataque de grupos armados ilegales, pese a que la zona es escenario de presencia de estructuras criminales y disidencias. La prioridad oficial, dijo, se concentró en el rescate, la atención de heridos y la recuperación de cuerpos.
En paralelo, el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva Rueda, reiteró que las causas del accidente no han sido establecidas y que continúan las investigaciones técnicas para determinar qué ocurrió en esos segundos críticos después del despegue. Algunos reportes indicaron que varios ocupantes alcanzaron a saltar antes del impacto, aunque ese punto todavía forma parte de las verificaciones oficiales. Lo cierto, hasta ahora, es que la aeronave cayó cuando apenas iniciaba su recorrido, y que la investigación deberá establecer si hubo una falla técnica, una cadena de errores o una contingencia aún no esclarecida.
La reacción del presidente Gustavo Petro añadió una dimensión política a la tragedia. En un mensaje público, el mandatario cuestionó con dureza al Congreso y a la Corte por, según él, no haber financiado adecuadamente al Estado ni la modernización de la defensa nacional. Petro anunció además que firmará un decreto de compra de armamento para las Fuerzas Militares y sostuvo que “ningún país se defiende con regalos y limosnas”. Sus palabras abrieron una discusión sobre el estado de la flota militar y la financiación del sector defensa, justo cuando el país seguía contando muertos y evacuando heridos desde Putumayo.
Pero más allá del debate político, la imagen que queda es la de una jornada de duelo nacional. En el sur del país, entre escombros, humo y restos de fuselaje, el rescate fue tomando la forma de una despedida masiva. Cada nuevo cuerpo hallado cambió el tono del reporte, y cada traslado a la morgue fue confirmando que el accidente del Hércules no era solo un siniestro militar, sino una tragedia humana de grandes proporciones. Con 44 muertos confirmados y decenas de heridos, Putumayo quedó marcado por una de las peores emergencias aéreas recientes en Colombia.