La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente una solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
El anuncio fue realizado este lunes por Deicy Jaramillo, Delegada para la Seguridad Territorial, quien confirmó que el ente acusador también solicitará medida de aseguramiento domiciliaria contra Guerrero.
“La Fiscalía radicó hoy solicitud de imputación en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable”, explicó la funcionaria.
Presuntas irregularidades en la expedición de títulos
De acuerdo con la investigación, los títulos atribuidos a Juliana Guerrero habrían sido expedidos sin el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por la ley. La Fiscalía sostiene que no existen registros suficientes que demuestren su participación efectiva en actividades académicas.
Según Jaramillo, los hallazgos evidencian que:
- No hay constancia de asistencia regular a clases.
- No se acreditó la presentación de evaluaciones obligatorias.
- No se registró el cumplimiento de las pruebas estatales requeridas.
“No asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas, por lo menos hasta ahora acreditadas en la investigación. En la inspección judicial se obtuvo documentación que demuestra que no reunía los requisitos”, señaló la fiscal.
Los diplomas, según el expediente, habrían sido expedidos con fecha del 1 de julio de 2025 y posteriormente registrados en el sistema oficial de empleo público.
Inspección judicial y responsabilidad institucional
Durante una inspección judicial practicada en la Fundación Universitaria San José, la Fiscalía recopiló archivos académicos y administrativos que indicarían inconsistencias en el proceso de graduación.
La imputación también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, en su calidad de secretario general y funcionario encargado de la expedición de títulos por delegación del Ministerio de Educación.
“Por eso se radicó imputación contra el secretario general, que es la persona encargada de expedir estos títulos, teniendo en cuenta que es una función delegada”, precisó Jaramillo.
Uso de los títulos y repercusión pública
El caso adquirió relevancia nacional luego de que los diplomas fueran utilizados para respaldar la aspiración de Guerrero a un cargo viceministerial durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Posteriormente, la propia universidad anuló los títulos tras concluir que no existía evidencia suficiente de actividad académica que sustentara su expedición.
Además, el Icetex informó que Guerrero no registraba crédito educativo con esa institución, lo que también fue incorporado al expediente.
Solicitud de detención domiciliaria
La Fiscalía solicitó ante la Judicatura que Juliana Guerrero sea privada de la libertad bajo la modalidad de detención domiciliaria, mientras avanza el proceso.
La medida deberá ser sustentada ante un juez de control de garantías, quien evaluará la legalidad de la imputación y la procedencia de la restricción.
“La solicitud incluye medida de aseguramiento, que deberá ser analizada por un juez”, indicó la delegada.
Denuncias adicionales y nuevas investigaciones
De manera paralela, la representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció que al menos 24 títulos expedidos por la misma institución presentarían presuntas irregularidades.
Según su informe, algunos graduados no habrían presentado la prueba Saber Pro —requisito obligatorio— o lo habrían hecho después de recibir el diploma. Por ello, solicitó investigaciones ante el Ministerio de Educación, la Procuraduría y la Fiscalía.
Lo que sigue en el proceso
En los próximos días, un juez de control de garantías definirá la fecha de la audiencia de imputación, en la que se formalizarán los cargos contra Guerrero y Gutiérrez.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas documentales y testimoniales para sustentar el caso, que se perfila como uno de los más relevantes en materia de presuntas irregularidades académicas.
