La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitó oficialmente el aplazamiento de la próxima audiencia en el proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, alegando dificultades logísticas y la necesidad de contar con más tiempo para el intercambio y análisis de pruebas.
La audiencia, inicialmente programada para el 17 de marzo, fue propuesta para reprogramarse el próximo 26 de marzo a las 11:00 de la mañana, de acuerdo con una solicitud presentada ante el tribunal federal de Nueva York.
Solicitud ante el juez federal
La petición fue formalizada mediante una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, quien preside el caso en el Distrito Sur de Nueva York.
En el documento, el fiscal federal Jay Clayton explicó que el aplazamiento busca evitar conflictos de agenda y resolver problemas logísticos relacionados con el volumen de material probatorio.
Según la fiscalía, el tiempo adicional permitirá:
- Completar el proceso de entrega de evidencias a la defensa.
- Garantizar que los abogados puedan revisar la documentación.
- Facilitar la presentación de eventuales mociones previas al juicio.
La solicitud cuenta con el consentimiento de los equipos defensores de ambos acusados, lo que reduce la posibilidad de controversias procesales en esta etapa.
Intercambio de pruebas y fase preliminar
De acuerdo con el expediente judicial, la fiscalía enfrenta un volumen significativo de información relacionada con los presuntos delitos imputados. Entre los materiales figuran registros financieros, comunicaciones, testimonios y documentos vinculados a redes de narcotráfico y lavado de activos.
El llamado “descubrimiento de pruebas” es una fase clave en los procesos penales federales, ya que garantiza el derecho de la defensa a conocer anticipadamente los elementos que serán utilizados por la acusación.
Fuentes judiciales señalan que la complejidad del caso ha requerido coordinaciones entre varias agencias estadounidenses y autoridades internacionales.
Antecedentes del proceso
Maduro y Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Estados Unidos el 3 de enero, como parte de una operación coordinada por el Gobierno estadounidense. Desde entonces permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, una prisión federal ubicada en Nueva York.
Ambos enfrentan cargos por:
- Narcoterrorismo.
- Conspiración para importar cocaína.
- Lavado de dinero.
- Posesión ilegal de armas.
En el caso de Flores, la acusación la vincula además con una estructura de concentración de poder y enriquecimiento dentro del entorno familiar.
Postura de los acusados
A comienzos de enero, Maduro se declaró “un hombre inocente” de los cargos formulados en su contra y aseguró ser un “prisionero de guerra”, en referencia a la política de persecución impulsada durante el gobierno del expresidente Donald Trump.
Por su parte, Cilia Flores también se declaró inocente ante el tribunal.
La defensa ha sostenido que la captura del exmandatario venezolano constituyó un acto ilegal y que este goza de inmunidad como jefe de Estado. Su abogado, Barry Pollack, anunció que presentará documentos para respaldar esa tesis.
Hasta el momento, los abogados no han solicitado libertad bajo fianza, aunque no descartan hacerlo en una etapa posterior del proceso.
Implicaciones del aplazamiento
El aplazamiento solicitado no implica una modificación de los cargos ni una suspensión del proceso, sino un ajuste en el calendario judicial para garantizar el debido proceso.
Expertos en derecho penal federal señalan que este tipo de solicitudes son habituales en casos complejos, especialmente cuando involucran cooperación internacional y grandes volúmenes de evidencia.
La reprogramación también permitirá a las partes preparar de manera más detallada sus estrategias antes del inicio de la fase de juicio.
Un caso de alto impacto político
El proceso contra Maduro y Flores se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más sensibles en la relación entre Estados Unidos y Venezuela en los últimos años.
Además de sus implicaciones penales, el caso tiene efectos diplomáticos y geopolíticos, al involucrar a un exjefe de Estado y a su entorno más cercano.
Con la audiencia prevista ahora para el 26 de marzo, el tribunal continuará evaluando los aspectos preliminares del proceso, mientras la fiscalía y la defensa avanzan en la revisión de pruebas que marcarán el rumbo del juicio.
