El ministro de Hacienda confirmó que el Ejecutivo afina el decreto de emergencia para cubrir el vacío fiscal tras el hundimiento de la ley de financiamiento; congresistas y gremios piden control constitucional
Bogotá. El Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para declarar una emergencia económica, una figura constitucional extraordinaria con la que busca obtener recursos adicionales que permitan garantizar la ejecución del Presupuesto General de la Nación de 2026, luego de que el Congreso de la República hundiera la ley de financiamiento que contemplaba ingresos por 16,3 billones de pesos.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, al término de la reunión de la junta directiva del Banco de la República, la última del año, en la que señaló que el Ejecutivo se encuentra en la fase final de preparación del decreto que formalizaría la declaratoria.
La medida responde a lo que el Gobierno califica como hechos sobrevinientes y protuberantes que alteraron de manera sustancial el equilibrio fiscal del país.
El contexto fiscal que llevó a la emergencia
De acuerdo con Ávila, el primer hecho excepcional fue que el Congreso aprobara el presupuesto para 2026 y, semanas después, negara la ley de financiamiento que debía respaldarlo.
“No existe antecedente, en los últimos 25 o 30 años, de que el Congreso apruebe un presupuesto asociado a una ley de financiamiento y, dos meses después, el mismo Congreso niegue esa ley”, afirmó el ministro.
El funcionario sostuvo que el desfinanciamiento no se explica por una caída del recaudo, sino porque los ingresos tributarios no crecieron al ritmo proyectado, lo que dejó un vacío que compromete programas sociales, obligaciones constitucionales y la estabilidad macroeconómica.
Qué incluye el borrador del decreto
Aunque el decreto aún no ha sido expedido, en las últimas horas circuló un borrador que detalla el paquete tributario que el Gobierno activaría bajo la figura de emergencia económica. El eje central del ajuste recae en patrimonios altos, transacciones financieras, consumo y sectores extractivos.
Uno de los pilares es la ampliación y fortalecimiento del impuesto al patrimonio para 2026, que incluiría explícitamente a las personas jurídicas como contribuyentes por ese año gravable. El gravamen partiría de un umbral de 40.000 UVT, con base en el patrimonio bruto menos deudas, y aplicaría tarifas marginales diferenciadas.
El borrador contempla exclusiones específicas, entre ellas:
- Vivienda hasta 12.000 UVT para personas naturales.
- Acciones en sociedades nacionales bajo reglas particulares.
- Bienes de uso público en transporte masivo.
- Activos ambientales de acueducto y alcantarillado.
- Reservas técnicas de Fogafín y Fogacoop.
El aumento al 5 x 1.000 y nuevos impuestos indirectos
El paquete incluiría un aumento transitorio del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría de 4×1.000 a 5×1.000 durante 2026, como medida de rápida activación para asegurar liquidez.
A esto se sumarían otros impuestos indirectos:
- IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet, aplicado sobre el depósito del usuario apostador.
- Refuerzo del impuesto al consumo para licores, con un componente específico por grado y un gravamen ad valorem del 30 %.
- Aumento del impuesto a cigarrillos, tabaco y derivados, incluyendo productos de tabaco calentado y vapeadores.
Adicionalmente, el borrador plantea un “impuesto especial para la estabilidad fiscal” del 1 % sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, dirigido a empresas que superen una renta líquida ordinaria de 50.000 UVT, con reglas de pago ligadas a la exportación o consolidación mensual.
Impactos que busca atender el Gobierno
El ministro Ávila advirtió que la falta de recursos tendría efectos inmediatos en sectores sensibles. Uno de ellos es el sistema de salud, tras la orden de la Corte Constitucional de equiparar la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado con la del contributivo, decisión que implica un costo cercano a 3,3 billones de pesos.
También alertó sobre los subsidios a la energía para los estratos 1, 2 y 3, y el cumplimiento de vigencias futuras, compromisos heredados que obligan al Estado a pagos anuales cercanos a 15 billones de pesos.
Seguridad nacional como argumento adicional
El Gobierno incorporó un componente de seguridad nacional en su justificación. Según Ávila, los recientes ataques con drones contra la fuerza pública en departamentos como Cesar y Cauca obligan a realizar inversiones inmediatas en tecnología, tanto para proteger a los uniformados como a la población civil.
Críticas y pedidos a la Corte Constitucional
La iniciativa ha generado un fuerte debate político y económico. Congresistas de la oposición y gremios empresariales han solicitado a la Corte Constitucional “frenar” la declaratoria, al considerar que no se configuran los requisitos para una emergencia económica y que la vía adecuada debería ser el ajuste del gasto público.
Algunos sectores cuestionan, además, que el anuncio se haya dado en medio de la vacancia judicial que incluye juzgados y altas cortes entre esy sostienen que no es momento de imponer nuevos impuestos sobre el sector productivo.
Desde la Casa de Nariño, en cambio, se insiste en que el Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado y que la emergencia es el único mecanismo disponible para garantizar su ejecución.
Lo que viene
La expectativa del Ejecutivo es que la Corte Constitucional avale tanto la declaratoria como los decretos que se expidan al amparo de la emergencia. El ministro de Hacienda descartó, por ahora, que el Gobierno contemple un escenario en el que deba devolver recursos, como ocurrió en declaratorias de emergencia anteriores.
Mientras tanto, el país entra en una nueva fase de debate sobre tributación, y sostenibilidad fiscal, con una medida que, de concretarse, tendrá impactos directos sobre empresas, consumidores y contribuyentes en 2026.
